Milagros Aguirre

Río Blanco

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La gente de Río Blanco acaba de ganar una batalla contra un gigante. La gente de Río Blanco hizo uso de su derecho a la resistencia, consagrado en la Constitución. La gente de Río Blanco ha luchado por su derecho a la consulta previa, libre e informada.

La gente de río Blanco ha tenido coraje. La gente de Río Blanco no ha desmayado. La gente de Río Blanco ha ganado en los tribunales. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural.

Ese triunfo, esa sentencia, es sinónimo de esperanza. La gente de Río Blanco, Molleturo, ha dicho no a la minería porque sabe que esta afectará sus fuentes de agua, su vida y su futuro. Los reclamos de la gente de Río Blanco son los reclamos de muchas comunidades que, realmente, no quieren ni minería ni explotación petrolera en sus territorios. Cada vez más gente de distintas comunidades se suma. No es una consigna, es la constatación de que el tan trillado buen vivir no comulga con la vorágine extractiva.

Azuay quiere estar libre de minería. Y también Morona Santiago. Las comunidades waorani de Pastaza se han pronunciado contra la explotación petrolera en su territorio. El desastre de la minería a gran escala y también a pequeña o el desastre petrolero en el nororiente ecuatoriano, son suficiente para que las comunidades rechacen esa forma de explotación de los recursos.

En los años ochenta y noventa, es decir, en el siglo pasado, la lucha de los movimientos sociales y de los indígenas era contra las transnacionales. El problema es que en el siglo XXI, la lucha viene a ser contra el Estado pues este representa a las empresas mineras y petroleras. El Estado se presenta como su representante. Y las comunidades terminan aceptando sus condiciones porque el Estado ofrece dar educación, salud o vivienda, cosas que son su obligación, a cambio de que las empresas con quienes han hecho convenios truchos, ingresen a los territorios indígenas.

Los indígenas están planteando un modelo diferente de desarrollo y ese es el problema: el país aún no se plantea un diferente modelo de desarrollo. Al contrario, su futuro sigue delineándose sobre el mismo modelo económico, dependiente de materia prima. Y como es el mismo modelo, el Estado intenta convencer aún a las comunidades que están pobres porque están sentadas en un saco de oro o de petróleo. Por eso la sentencia no se cumple. Por eso no han desmilitarizado aún. Por eso los interesados en la explotación minera van a apelar.

Mientras Ecuador no se plantee otro modelo, el producto de la voracidad del capital y del consumo contra el respeto al derecho de los pueblos a la consulta, al territorio, al respeto a sus fuentes de agua, será la misma: criminalización y despojo.

maguirre@elcomercio.org