Utilizando los índices globales de “libertad económica” que preparan separadamente el Instituto Frasier y la Fundación Heritage, dos profesores norteamericanos han establecido que existe una significativa correlación negativa entre la libertad económica y los homicidios, de modo que una reducción en el primer factor estaría asociada con un incremento en el segundo y viceversa.
Esta relación mantiene su significación estadística incluso cuando se incorporan en el análisis otros factores que podrían incidir en las tasas de homicidios, tales como la dispersión étnica, religiosa y lingüística, el origen del sistema jurídico, la tasa de desempleo y la renta per cápita de los países que se incluyen en la muestra.
El estudio aborda, entre otros, los casos de Venezuela y Colombia, países que en los últimos años han seguido sendas distintas al haber el primero descendido en los índices de “Libertad Económica” y el segundo país mejorado su posición .
En el caso de estos países se ratifica la relación estadística observada a nivel global y parecería explicar una parte de la reducción de los homicidios en Colombia durante los últimos años, así como el hecho de que Venezuela exhiba una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
Estos resultados parecen ratificar la opinión de economistas y autores que consideran que los mercados libres facilitan la colaboración económica entre personas con los más diversos orígenes e intereses.
Según los autores del estudio “mientras los mercados promueven la cooperación, al permitirles a las personas beneficiarse de prestar servicios a terceros, la intervención pública puede eliminar estos incentivos y hacer menos lucrativo el trabajar para otros. Afirman que la intervención gubernamental puede enfrentar a unos ciudadanos con otros al “transformar unas relaciones de mercado mutuamente beneficiosas, en relaciones políticas de suma cero”.
Si bien no es un aspecto que abordan los autores del estudio, es posible deducir que en países con serias deficiencias institucionales, una mayor intervención gubernamental en las actividades económicas crea condiciones que facilitan los homicidios y las actividades criminales en general, al desviar la atención y los recursos estatales hacia propósitos políticos y económicos distintos, mientras se descuida la lucha contra el crimen, tarea que constituye una de las principales responsabilidades de los gobiernos.
Las cada vez más significativas restricciones a las libertades económicas que nuestro país ha venido registrando en los últimos años, sumadas a la existencia de muy disfuncionales e incompetentes instituciones policiales, judiciales y penitenciarias vinculadas a la lucha contra el crimen, dibujan un panorama poco alentador para el futuro de la seguridad de los ciudadanos en el Ecuador.