César Montúfar

Responsabilidad oficial

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En las últimas semanas se ha desatado en el país una espeluznante ola de amenazas en contra de personas que expresan su voz en la opinión pública. Primero fue contra Crudo Ecuador, luego contra Martín Pallares y ahora contra Bonil.

Posiblemente, hay otros líderes de opinión también amenazados. Resultado de ello, Crudo Ecuador anunció su retiro de las redes sociales. Martín Pallares, que ha sido sistemáticamente acosado no solo ahora sino en los últimos años, es ya un ejemplo nacional, no solo por su periodismo y capacidad de análisis, sino por su valentía y tenacidad.

El caso de Bonil es impactante, no solo porque esto se produce poco después de la sanción que impuso la Supercom a El Universo y a él, y de que esta institución pidió a la Fiscalía investigar un presunto delito de discriminación, que podría llevarlo a la cárcel por hasta tres años, sino también por el tono de la amenaza, la misma que fue firmada por un supuesto terrorista islámico quien lo acusa haber ofendido a ISIS y fija un ultimátum, para él y el diario, antes de proceder como lo hicieron con los caricaturistas de Charlie Hebdo.

¿Cómo es posible que estas cosas sucedan en el Ecuador de hoy? ¿Por qué ha escalado el desprecio al pensamiento crítico? ¿Hasta dónde existe responsabilidad oficial por este ambiente de violencia contra a la prensa? Sería inconcebible pensar que esta ola de amenazas pudiera tener origen en los círculos más altos del poder. Descarto esta posibilidad pues solo considerarla nos colocaría en una situación en la que sencillamente, espero, no nos encontremos en el país.

Pero sí es necesario señalar que nada de esto ocurriría si no fuera por el clima de hostilidad, desprecio a la opinión ajena, violencia verbal y exacerbada intolerancia con la que el Presidente de la República ha ejercido el poder desde 2007. Por ello, sí existe un nivel de responsabilidad oficial y, por ello, es necesario demandar de la manera más firme al presidente Correa un alto en este ejercicio de violencia verbal contra la prensa y contra todo pensamiento disidente, antes de que en el país tengamos que lamentar cosas más graves. El Presidente debe asumir su grado de responsabilidad y es su obligación detener inmediatamente la espiral de intolerancia que él inició.

Pero en el mismo orden de cosas, el Presidente y su Ministro del Interior deben, en este momento, garantizar la vida e integridad personal de los ciudadanos amenazados. Es su obligación velar por la seguridad de todos los ecuatorianos y en este caso, especialmente, de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad a causa de sus opiniones.

Todos esperaríamos que estas amenazas no sean creíbles, sino fruto del desvarío o ganas de protagonismo de personas sin escrúpulos. Pero de no ser así, y si algo llega a suceder con quienes hoy son víctimas de este inaceptable acoso, las autoridades no podrían eludir su responsabilidad por lo que hicieron o dejaron de hacer. Lo escribo con absoluta claridad y me dirijo directamente al Primer Mandatario y a su ministro.
@cmontufarm