Benjamín Rosales

Renunciados

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5 de December de 2011 00:02

Con el aparente fin de depurar a instituciones estatales de malos elementos, el Gobierno ha inventado la denominación de “renuncias voluntarias”, las que siendo en realidad obligatorias, equivalen al despido intempestivo.

En cualquier empresa, además de un exigente proceso de selección, es necesario controlar el trabajo de los colaboradores, si se quiere producir bienes o servicios de calidad. Hay personas que son responsables por naturaleza, pero hay otros que no. Lo comprobamos a diario cuando demandamos un servicio de una institución, ya sea esta pública o privada.

En una empresa eficiente hay controles de horario, de atención al cliente, auditorías de inventarios y procesos, etc., para mantener estándares mínimos de calidad. En ocasiones es indispensable separar a malos trabajadores, de los que se sabe o sospecha que han cometido incorrecciones. A pesar del alto costo en el sistema laboral ecuatoriano, para hacer esto, hay que recurrir al despido intempestivo, pues es muy difícil probar judicialmente las faltas, e incluso delitos, por ellos incurridos. Las leyes y jueces favorecen, casi indiscriminadamente, a la parte laboral.

Si le damos al Gobierno el beneficio de la duda, es decir, que las “renuncias” han sido exigidas a malos elementos incrustados en el sector público, y no para crear espacios para llenarlos con sus partidarios, estarían moralmente justificadas. Pero no deja de ser un procedimiento inapropiado, irregular, en el que sin duda se ha cometido injusticias, y que debe sustituirse con sistemas permanentes de evaluación de personal. Estos sistemas deben contemplar el establecimiento de incentivos, correctivos y sanciones, que permitan mejorar y mantener una buena calidad de servicio a la ciudadanía.

Un proceso de evaluación, con aparente metodología, se está realizando a los jueces del país. Entendemos que tiene el objeto, no solo de seleccionar a los jueces superiores, sino de depurar a los ineficientes, incapaces e incorrectos. Existe una veeduría internacional que supervisa el proceso y que deberá controlar que este se haga con objetividad. No existen procedimientos perfectos, infalibles, de evaluación de personal, pero es necesario que existan si se quiere mejorar la calidad de servicios, en este caso, la justicia. Nos preocupa, que al margen de este, se haya separado a una jueza conocida como proba e imparcial, la doctora Jiménez.

Es necesario que se revisen las leyes laborales para evitar la injusticia de que al separar a trabajadores que han cometido incorrecciones, e incluso actos de corrupción, se deba indemnizarlos con altas sumas. Esto desmotiva a los que son responsables e incentiva a holgazanes y corruptos.