Un análisis de la firma legal española Garrigues (más de 2.100 profesionales y operación en 12 países), destaca la conveniencia de contemplar arbitrajes sobre inversiones, pues los inversores los consideran una herramienta importante para disminuir el riesgo de los países de América Latina.
Los procesos arbitrales actualmente anunciados o en trámite, según el indicado documento, llegan a 15 en Colombia, 25 en Perú, 15 en México y 5 en Chile. Muchos se tramitan ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones), que es una de las instituciones del Banco Mundial. En la consulta popular del 21 de abril, la mayoría de los votantes rechazó la enmienda a la Constitución de Montecristi para permitir los arbitrajes internacionales. De manera que, “felices, envueltos en la bandera tricolor” pero al margen de las corrientes mundiales.
El argumento para el voto NO en la consulta, que propugnaron la CONAIE, los sindicatos, la extrema izquierda y hasta algunos “académicos”, fue que los laudos eran desfavorables al Estado ecuatoriano; y que, si se permiten nuevos arbitrajes, el Ecuador deberá pagar miles de millones de dólares por las indemnizaciones a las que será condenado. Yo le decía a una persona que acogió este argumento, que imaginase un empleador que no pagaba los salarios legales a sus trabajadores, no cumplía con las décimas tercera y décima cuartas remuneraciones, escamoteaba el fondo de reserva y se atrasaba en los pagos al IESS, era evidente que habría de perder todos los juicios laborales. ¿Por parcialidad y afán de perjudicar a tal empleador? Mutatis mutandis, esto ha ocurrido con casi todos los arbitrajes que ha afrontado el país por la torpeza y sectarismo de los funcionarios que atropellaron a las empresas que luego demandaron. Tampoco es verdad que todos los arbitrajes fueron contrarios a la nación. Hay varios que desecharon las demandas por falta de sustento jurídico, otros que las aceptaron parcialmente y alguna que condenó a la empresa a indemnizar al país por demanda arbitraria. En definitiva, no se puede seguir buscando mayor inversión extranjera, pero al mismo tiempo negando el marco legal para atraerla.