23 de August de 2010 00:00

Reformas en papel

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Enrique Echeverría G.

Con ojos muy abiertos debemos mirar el fenómeno delictivo que, en lugar de decrecer, aumenta; y, en lugar de atenuarse, aplica métodos verdaderamente terroríficos, como asesinar, desmembrar el cadáver y las partes del cuerpo arrojarlas o enterrarlas en diferentes lugares. En Quito ya se han dado dos casos sobre esta horripilante práctica.

En Daule, asesinos disfrazados con traje policial ingresaron a un hogar y acribillaron a balazos a una familia, incluidos los hijos. Nuevamente en Quito se informa que el robo a los hogares ahora se comete cuando sus habitantes están dentro. La delincuencia tiene y usa una especie de código de signos, con los cuales señala a sus compinches si la casa está habitada únicamente por mujeres; si sus habitantes están de vacaciones; y, en general, si la casa está apta para robar.

Hay loables intentos legislativos para controlar este fenómeno creciente mediante leyes. Por ejemplo, el Ministerio Fiscal General de Justicia propone nueva legislación sobre el asesinato ejecutado por sicarios; la necesidad de que respondan penalmente los jóvenes a partir de los 16 años de edad, propuesta razonable si se tiene en cuenta que en la Constitución Política se exige únicamente 16 años para ejercer el sufragio (art.62).

Es tal el anhelo de mejorar la situación de la seguridad de los ciudadanos mediante leyes, que han dictado reformas; en ocasiones reformas de las reformas, pero -hablando en el sector judicial- sin cambio en la estructura y el sistema de cortes y juzgados.

Recordemos que la ex Corte Suprema de Justicia contaba con 31 magistrados. El cambio consistió en rebajarlos a 21, pero la cantidad de procesos no solo se ha mantenido, sino incrementado.

¿Cómo esperar que 21 hagan más que lo que hacían los 31 anteriores?

Para que las reformas sean efectivas deberían participar, en su elaboración magistrados y jueces; fiscales y policías judiciales, pues ellos conocen mejor que nadie la realidad y lo que se necesita para mejorarla.

Nunca hay dinero para crear lo que es indispensable: más juzgados; más salas de cortes provinciales; más fiscalías y dotación más amplia de tecnología para una investigación rápida; como tampoco hay dinero para erigir nuevas cárceles, mientras recitamos la teoría sobre rehabilitación de los presos.

Mientras las reformas se hagan únicamente en el papel; creando más causas de sanción y castigo para administradores de justicia, sin cambio concordante con el sistema, bien poco se podrá hacer con reformas en el papel y buenos propósitos. Actualmente hay una carrera judicial que si no se la respeta, no proporcionará incentivo para trabajar más y mejor. El funcionario judicial está sujeto a quejas de todo orden, con consecuencias adversas debido a las sanciones creadas por ley contra ellos, desde multa hasta destitución del cargo.

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