6 de July de 2010 00:00

Reforma petrolera

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Walter Spurrier Baquerizo

El Presidente envió un proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos. Se propone mejorar sustancialmente la institucionalidad petrolera. Hoy Petroecuador representa los intereses del Estado, y es a la vez empresa operadora. Para Petroecuador, contratar con una empresa para la búsqueda de hidrocarburos o distribución de combustibles es ceder negocio. Juez y parte.

Fin a esa acumulación de funciones contrapuestas. Una Secretaría de Hidrocarburos ejercerá los derechos del Estado sobre su riqueza hidrocarburífera, real y potencial. Contratará las actividades petroleras en todas sus fases. Fijará las tasas de producción. La DNH será promovida a la categoría de Agencia, presumiblemente con mejor presupuesto, para ejercer las labores de control y monitoreo de las actividades de las empresas estatales y privadas.

A Petroecuador se la partirá en dos: aguas arriba, donde se fusionará con Petroamazonas, y aguas abajo: industrialización y comercialización. El proyecto tiene una segunda parte, menos merecedora de aplausos: opacidad en la contratación.

El Estado podrá contratar directamente con empresas estatales de otros países. El Gobierno quiere una clara disposición que legitime algo que ya practica. Como si las empresas estatales extranjeras, por serlo, fueran a hacer su mejor oferta a pesar de no tener que competir.

Los contratos directos firmados por Petroecuador con PDVSA no han sido los más convenientes. El pozo en Puná fue un acto de demagogia: se perforó sin haber hecho sísmica previa.

Sacha, hoy en día el campo más importante, debió contratarse con una empresa dispuesta a hacer una gran inversión para desarrollar el yacimiento con tecnología de punta, y poder sacar petróleo de los reservorios que con la tecnología de los setenta que se emplea, corre el peligro de quedarse para siempre bajo tierra.

El país se acaba de enterar, gracias a la denuncia de un dirigente sindical, que se contrató con una petrolera privada venezolana el desarrollo de tres campos. ¿Por qué no hubo un concurso abierto?

La reforma se distancia de la norma de legislar para lo general, y pretende legislar en lo particular. Hay cláusulas en que se hace referencia a ciertas contratistas: AGIP, Sipec, Repsol, entre otras. Todo por la insistencia del Gobierno de llevar a las petroleras privadas que ya operan a un nuevo modelo de contratación.

¿Han establecido las autoridades con qué porcentaje de la renta petrolera se queda el Estado, bajo los contratos vigentes? Un rápido cálculo en base a la información disponible al público, insinúa que en todos los casos está alrededor de 80%.

El beneficio adicional que se lograría con una nueva renegociación no parece compensar el perjuicio de seguir manteniendo la incertidumbre jurídica.

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