César Augusto Sosa

Recorte a la jubilación patronal

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Los trabajadores que tenían la expectativa de recibir una jubilación patronal en función de su remuneración deben bajar sus expectativas, ya que desde este mes recibirán como máximo un salario básico, que actualmente está en USD 354.

Hay trabajadores que por su cargo y tiempo de servicio en una empresa privada o institución pública se han jubilado patronalmente con pensiones de USD 500, 800 o incluso más de USD 1 000 mensuales.

Si a esas personas les hubiese tocado acogerse a la jubilación patronal con las reglas actuales solamente recibirían un salario básico.
A lo mejor el número de personas en esta situación no sea elevado, como tampoco lo era el número de trabajadores que recibía utilidades de las operadoras telefónicas.

Pero luego de ocho años en el poder, y en medio de una caída de ingresos fiscales, el actual Gobierno decidió poner límites a las utilidades de los trabajadores y aprobó una ley para reducir ese beneficio a no más de 24 salarios básicos. Todo excedente debe ir al Fisco para financiar las pensiones de las amas de casa, ya que el Gobierno no tiene mucha plata.

En la tarea de poner límites a los derechos laborales, el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, firmó el 1 de septiembre pasado el Acuerdo Ministerial 204, con el cual definió, entre otras cosas, el techo para las pensiones por jubilación patronal, que son adicionales a las entregadas por el IESS.

El Ministro de Trabajo se puso el sombrero de empresario y, a través de un considerando del Acuerdo Ministerial 204, interpretó y aclaró el artículo 216 del Código de Trabajo. En definitiva, lo que debía aclararse es si el cálculo de la pensión debía considerar el salario básico o la remuneración del trabajador.


Aunque en el país existen empresas que calculan la jubilación patronal con base en la remuneración, el Ministro decidió que se debe considerar el salario básico, con lo cual se afecta al trabajador de mayores ingresos.
El empresario se beneficia porque pagará menos pensión, pero hay que tener en cuenta que el Estado también es empleador.