Tocó fin la angustiosa búsqueda de sobrevivientes en las colapsadas edificaciones manabitas. Los equipos rescatistas de diversos países se sumaron a los nacionales, lo cual fue indispensable dada la gran cantidad de atrapados en los escombros. Hubo retrasos en permitir su ingreso al país; los afamados ‘topos’ mexicanos pudieron hacerlo por invitación del Prefecto del Guayas.
La sociedad civil acudió rápida y eficientemente a atender a la población con alimentos y vituallas, mientras las autoridades nacionales estaban paralizadas esperando las instrucciones del jefe desde Roma. Estos son los problemas de los Estados en que todos los poderes se concentran en una sola persona: ningún funcionario se atreve a tomar decisiones.
Médicos de todo el país acudieron de manera voluntaria. Médicos Sin Fronteras, a la que en 2011 se le revocó el permiso de operar en el país, tenía equipos en Tumaco, que se desplazaron al Ecuador.
Es prematuro hablar de un estimado confiable de los daños. El Presidente dio un estimado provisional de USD 3 000 millones, que no debe estar muy alejado de la realidad. Pero no hay que confundir magnitud de daños con costo fiscal. Podemos desglosar los daños en cuatro segmentos:
-A las grandes empresas, que tienen importante presencia en Manta. Son ellas las que asumen las pérdidas, y sus instalaciones están en su mayor parte aseguradas.
-Las viviendas y negocios incluso hoteles que se derrumbaron, y que deben constituir el grueso de las pérdidas. También riesgo privado.
-La destrucción de infraestructura urbana. Corresponde a los municipios.
-Las instalaciones del Gobierno central e infraestructura. El norte de Manabí cuenta con escasa infraestructura; los daños son en particular a las vías que este Gobierno construyó. De haber daño a grandes obras, estarían aseguradas.
Los costos directos para el Estado serían menores: si hay daños en escuelas y hospitales, puede reemplazarse algunos del plan de inversión 2016, por la reparación de los afectados. La carretera a Pedernales podría repararse, no necesariamente reconstruir de manera inmediata a las mismas especificaciones de la original.
Habría que incrementar las asignaciones a los municipios afectados.
Para la población que ha perdido su morada, cabe la construcción de viviendas como el gobierno ya lo ha hecho en Cuba. Ante la pérdida de negocios y empleo, la banca pública debe restructurar deudas, como ya lo está aplicando la banca privada. Debe concederse beneficios tributarios y líneas de crédito para la construcción de nuevos hoteles, ya que el turismo dinamiza la región.
Es muy posible que el apresurado proyecto tributario genere ingresos para el Estado superiores a las necesidades de la reconstrucción, y contribuyan a sostener el gasto corriente del Estado.