La disputa promovida por el presidente de la República con el estamento militar parece no terminar. Si a inicios del mandato del Presidente Rafael Correa ésta se manifestó de manera indirecta y marginal, ahora ha subido de tono, llegando a niveles realmente extremos.
No me refiero únicamente al nombramiento de ministros de la Defensa poco preparados para el cargo (todos). A la entrega de 16 de las 25 instituciones educativas militares al Ministerio de Educación. Al traspaso de las empresas del Ejército al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas – ISSFA. Al decreto de la equidad que buscó fundamentalmente dividir a la cúpula militar de la tropa.
Aludo a la confrontación directa que ha tenido el propio Presidente en torno de temas realmente sensibles como el inicio de juicios a ex oficiales por crímenes de lesa humanidad, a la destitución del Alto Mando en febrero de este año, a los cambios en la seguridad social pero, sobre todo, al tono de sus declaraciones.
El inicio de juicios penales por crímenes de lesa humanidad a militares que intervinieron para frenar la expansión de la guerrilla en Ecuador es cuestionable.
La destitución del Alto Mando por parte de Correa también.
Esto agudizó la pugna con las Fuerzas Armadas. Se dio a raíz del comunicado en el que manifestaban su decisión de defender el patrimonio del ISSFA y, en especial, el pago de 41 millones que debía hacer el gobierno por unos terrenos ubicados en Guayaquil.
Las reformas a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, al igual que el no pago al ISSFA de los 41 millones, podría haberse solucionado si se lo hacía de manera concertada. No impuesta. Sin embargo, el Presidente, con el afán de callar la boca a los militares, ha recurrido al Art. 159 de la Constitución, el cual sostiene que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes…”. Nuevamente se equivoca. El hecho de que sean no deliberantes tampoco les exime que puedan tener una postura crítica frente a asuntos que les afectan como institución.
La interpretación sesgada de la Constitución, el desconocimiento de la institución militar, el afán de dividir, someter y debilitar a las Fuerzas Armadas, le ha llevado al Presidente a generar otra pugna con la milicia: sancionar a los oficiales que respondieron “irrespetuosamente” al e-mail masivo sobre las reformas a la seguridad social y cuestionar el funcionamiento de los Consejos de Disciplina.
Detrás de esta confrontación del Presidente con los militares hay razones políticas. A más de distraer la atención de la opinión pública de la grave crisis económica que vive el país, da la impresión que hay una intención clara de provocar a las FF.AA. Generar situaciones extremas como las de Turquía o del 30 de septiembre, que le permitan victimizarse y seguramente consolidar aún más su poder.