Marcelo Ortiz

El diálogo y el poder absoluto

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El elemental o simple enunciado que titula este comentario, coloca en su verdadera dimensión lo importante que constituye anunciar, desde las alturas del poder absoluto correísta, la apertura de un diálogo, que lamentablemente se convoca a los ocho años y medio de haber asumido la Presidencia.

También parece extraño fijado en tres meses de cruzar ideas, al puro estilo del marketing comercial que publicita un producto determinado, cuando dice: “hasta agotar stock”.

Sin entrar a su significado “conversación entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas y afectos”, es casi seguro que el anuncio para dialogar será consecuencia del desgaste que ha tenido este Gobierno, que al 2015 se evidencia en el crecimiento de la oposición sin banderas políticas que ha salido, desde hace varias semanas, a recorrer las calles de todas las provincias del país.

Otros razonamientos contrarios a este diálogo propuesto, desde las alturas políticas del Gobierno, se inscribirán cuando se conozcan los temas, y las reglas que lo van a regir. Y en este campo desconocido, todavía queda al fondo la última palabra que tiene este régimen hiperpresidencialista, esto es, que las ideas expuestas y debatidas sean asimiladas para las acciones del poder en su amplio campo de ejecución.

Mientras tanto, ya hay criterios que provienen del Pacto Ético formado por 30 organizaciones de la sociedad civil, expresados por Ruth Hidalgo, coordinadora de esta unión ciudadana que propone cuatro temas: 1. Transparencia con independencia de poderes y estado de derechos; 2. Participación política y ciudadana; 3. Libertad de expresión, y 4. Temas de género y atención a grupos prioritarios. Agrega, que debe ser pluralista.

Hay desconocimiento de las organizaciones civiles en general y por tipos de profesión que pueden ser convocadas, como el Frente Unitario de Trabajadores-FUT y la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos-CTE; la Conaie; la Ceosl; la Cedocut; la Unión General de Trabajadores Ecuatorianos-UGTE; la Ecuarunari; el Frente Popular; la Federación Médica; la Unión Nacional de Educadores-UNE, y la Asamblea de Jubilados, entre otras que seguramente serán excluidas en la generosa invitación que está a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación.

Debería sumarse a este diálogo la Red Financiera Popular, que reúne a 47 entidades de la economía popular y solidaria, entidad que ha anunciado que sí asistirá a Ciespal y que anticipa que no solo deberían debatirse los proyectos de la Ley de Herencias y Plusvalía, sino la propia Ley de Economía Popular y Solidaria, junto al Código Monetario.

Más aún, estará por asegurarse que después de concluir el diálogo en septiembre, sean recogidas las mejores propuestas que asegurarían un cambio de lo que hasta ahora se ha ejecutado; y sobre todo de aquello que podría solucionar la grave crisis fiscal ahondada en el 2015, y de lo que pude venir en los dos años que faltan para que termine este Gobierno el 2017.