La eliminación del subsidio eléctrico debe ser en relación a costos demostrados, que no incluyan los de las ineficiencias y pérdidas de energía –que significan cientos de millones de dólares, que se nos cargarían para que los subsidiemos los ecuatorianos de ingresos medios para arriba-, ineficiencias y pérdidas de que son responsables anteriores gobiernos y el actual de Correa que cumple 53 meses en el poder, ni se incluya los sobreprecios que se ha pagado por equipos térmicos, cuando se manejó a la loca el déficit de generación el año 2010.
Yo tengo un importante consumo en Guayaquil. Vivo con mi familia, al Sur del Barrio Centenario, hogar en que a la vez comparto tiempo de trabajo, con climatización indispensable por las elevadas temperaturas de la ciudad, y equipos informáticos que la requieren para su operación.
Sin computadoras y otros equipos eléctricos no habría condiciones para informarse, estudiar, investigar y producir intelectualmente. Y no me refiero sólo a mi persona, sino también a mi hijo León Xavier y a quienes comparten mi entorno de vida y trabajo.
No tuve infancia de comodidad, por eso valoro lo que he ahorrado en más de medio siglo de trabajar. Una severa caída en el ingreso familiar, en los años cincuentas, limitó nuestra calidad de vida. En 1959, de 17 años de edad, estudiante de sexto curso del Vicente Rocafuerte, me inicié en la venta de libros y cuadros, y con el ingreso de ese trabajo compré la primera refrigeradora eléctrica y la primera cocina de gas para mi casa. El año 1961 entré a la docencia, luego llegó el ejercicio profesional y el desempeño de funciones públicas y privadas.
Más de medio siglo de trabajar me ha permitido tener un ahorro, del que tengo la demostración desde 1960, con mi primera libreta, y con declaraciones patrimoniales desde 1992, por las funciones ocupadas.
Por eso no me niego a que se eliminen los subsidios, pero que se demuestre que realmente lo son, con manejo eficiente de la generación y la distribución eléctrica, y no el castigo a los consumidores, por la ineficiencia y los sobre costos en el sector estatal eléctrico.
Por otro lado, rodean al Gobierno empresas a las que no las afectarán los costos tributarios y de servicios anunciados. Cito el caso del paradigma de la corrupción contractual, el de Ivanhoe, para explotar el bloque 20 de la Amazonía, por miles de millones de barriles de petróleo, en que se estipula que todo impacto tributario y de costos de servicios posterior al 8 de octubre del 2008, debe ser compensado por el Estado a Ivanhoe; en general, todo lo que le altere a Ivanhoe su “equilibrio económico” de costos a la fecha citada, en base a un modelo a 30 años. Lo que esas empresas dejen de pagar -o se les compense- lo tendríamos que cubrir los ciudadanos que no tenemos sus privilegios.