29 de December de 2010 00:00

La quiebra del Estado

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Carlos Larreategui

¿Tienen algo en común el desaforado incremento de la delincuencia, la multiplicación de los accidentes de autobuses de transporte público, las crecientes invasiones de tierras de propiedad pública y privada, la circulación progresiva de taxis y transportes piratas, el peligroso desorden vehicular o el fortalecimiento imparable de monopolios y oligopolios? La respuesta es sí. Estos y otros problemas se originan en la disminución acelerada de la capacidad institucional del Estado para ejercer control y proveer bienes públicos mínimos como la seguridad, los derechos de propiedad, y, fundamentalmente, la ley y el orden. El diseño institucional adoptado por Alianza País a partir del 2007 infló un Estado débil e inoperante y llevó el alcance de sus funciones a escalas inéditas. Dicha expansión no estuvo acompañada de un fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado que permitieran asumir las viejas y nuevas tareas con eficacia. Al cabo de cuatro años de gestión AP ha creado un aparato estatal elefantiásico y, al mismo tiempo, débil, contradictorio y fofo, incapaz de acometer funciones básicas.

El crimen organizado que asola el país no surge del desempleo o la pobreza, como algunos analistas de oposición opinan, sino de la incapacidad del Estado para aplicar con eficacia las leyes; dicho de una forma más gráfica, de la imposibilidad de enviar un policía con tolete y revólver para exigir el cumplimiento de la ley. No debería sorprendernos, aunque si preocuparnos, la intervención de las FF.AA. en las operaciones de seguridad interna. Lo militares son el último reducto institucional con un cierto grado de capacidad operativa. Por ello se recurre erróneamente a ellos para administrar el petróleo o construir carreteras -de paso-, claro, ganarse su favor. Sin embargo, la estructura militar no está concebida ni preparada para suplir las funciones de la Policía y su intervención en asuntos criminales tendrá un efecto fugaz y distorsionante. Mientras el Gobierno privilegie el control político del Estado y no acometa una reforma seria en la Función Judicial, en la Policía Nacional y en las demás entidades encargadas de hacer cumplir la ley, el Ecuador caerá en manos del crimen organizado y se convertirá en algo muy cercano a un Estado fallido.

Otro de los varios campos en que el Estado es gigante pero ausente, es el de la seguridad vial. La Fundación Vial denunció el aumento dramático de fallecidos en las carreteras (104 en 4 meses) y acusó a la Comisión de Transito de falta de control y supervisión. Es evidente que la seguridad de nuestras vías y del transporte público ha sufrido un deterioro inmenso como resultado de la debilidad e incapacidad de las instituciones estatales responsables de su cuidado. Un ejemplo más de las derivaciones graves de un Estado en quiebra.

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