Arturo Torres

¡Que difundan todo!

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La revelación de las historias publicadas en más de 80 países en el caso ‘Panama Papers’ tuvo secuelas a todo nivel. Las autoridades de varias naciones iniciaron investigaciones sobre los supuestos ilícitos que podrían detectarse al revelar la ruta del dinero a través de paraísos fiscales. La pregunta de fondo es si se usaron paraísos fiscales para esconder fortunas ilícitas, evadir impuestos, lavar dinero o esconder coimas.

Ministros y funcionarios públicos internacionales dimitieron a sus cargos ante la presión ciudadana. El debate sobre la pertinencia de mantener recursos y bienes en paraísos, en tiempos en que la sociedad reclama transparencia, se volvió global.

En Ecuador la historia es otra. Aquí los periodistas que participamos en este ejercicio periodístico mundial terminamos bajo sospecha y prácticamente en el sillón de los acusados. Es curioso que esto solo ocurra en nuestro país, además de Venezuela y Túnez, según denunció el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dirigió el proyecto.

El reportero no es juez ni justiciero. Su trabajo es informar con pruebas documentales y testimoniales, no disparar indiscriminadamente datos que pueden afectar la honra ajena. Dañar su imagen. Los periodistas, al igual que el resto de ciudadanos, cumplimos la ley y la Constitución, que velan por el derecho al buen nombre y garantizan la presunción de inocencia.

Revelarlo todo, sin límites ni un procesamiento ético de los datos, implicaría ensuciar los nombres de personas públicas o privadas que no cometieron ningún delito. Tampoco es viable porque esa información le pertenece al Consorcio.

Tener una empresa en un paraíso fiscal no es un crimen. Su uso ilícito sí lo es. Desviar fondos públicos mal habidos hacia esos territorios también. Eso es de interés periodístico y requiere un manejo serio de la información que debe ser contrastada y verificada con rigor.