Milton Luna

Punto de quiebre catastrófico

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Un país convulsionado requiere de actitudes serenas y urgentes, de todos los actores, a fin de que la confrontación no escale a formas más altas de violencia política, que configurarían un punto de quiebre catastrófico, que en su momento, llevó a Colombia, a transitar largas décadas de derramamiento irresponsable de sangre de hermanos de una misma nación.

El tema no es eludir el conflicto. Tampoco eliminarlo a palos. Implica enfrentarlo con transparencia, justicia y verdad. El resultado creará energía positiva y dotará de sosiego a los confrontados, que bajarán la guardia responsablemente.

Sin embargo, la solución de la disputa por vías cordiales pierde terreno. Las medidas de fuerza desde el poder suben a límites peligrosos. Con esto, el próximo presidente, se posesionará en medio de un país crispado o silenciado. Este, es el peor escenario para un nuevo mandatario que requiere de legitimidad, unidad y voluntad colectiva para enfrentar la dura tarea de vencer a una crisis integral que estaría al borde de explotar.

Pero del lado oficial se echa leña al fuego: juicios, desalojo a manifestantes, y emisión de discursos guerreristas. Del lado opositor, recoge el guante con energía, alienta la toma de las calles.

Un nuevo petardo ha sido lanzado a la hoguera por el oficialismo en la Asamblea. Desde el 31 de marzo están discutiendo el “Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social”, que según múltiples voces de la sociedad civil tendría consecuencias nefastas para libertad de asociación y vida independiente de las organizaciones sociales. En efecto, a través de ella, se consolidaría el Estado autoritario, que aprueba, vigila, controla y sanciona la vida de la sociedad. Se estatizaría la participación ciudadana y se consolidaría un solo poder, y la vía extractivista.

Según la INREDH, el mentado Código regularía y limitaría “el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y por otro lado, el derecho a la consulta previa libre e informada de pueblos y la consulta ambiental”.

El proyecto de ley genera “un control desmedido respecto del desarrollo y vida institucional de las organizaciones pues, dispone una intervención y restricción a las mismas… El “excesivo control de las organizaciones no solo se podría violar el derecho a la libertad de asociarse sino que además constituiría también una restricción para la promoción y defensa de derechos humanos y de la naturaleza en las organizaciones que tienen como fin acompañar procesos de exigibilidad”.

Tal iniciativa de la Asamblea crea enormes dudas sobre la “mano extendida” del posible próximo presidente. Enciende más la fogata. Los asambleístas electos de Alianza País, deberían desactivarla y anunciar procesos amplios de deliberación con la sociedad civil para construir su ley.