Pablo Ortiz García

'Prohibido prohibir'

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No es de mi autoría el título de este artículo. Es uno de los grafitis que hicieron historia en la Revolución de Mayo de 1968, en París.

En Ecuador de hoy cansa que el gobernante prohíba todo: a) Los medios de comunicación no pueden tener acciones en empresas que no se dediquen a esa misma actividad; b) Accionistas de instituciones financieras están impedidos de participar en el capital de otras compañías; c) Ciudadanos extranjeros no pueden presenciar manifestaciones callejeras; d) Indígenas que se expresan en defensa de su gente y heredad, están vetados; d) Sacerdotes no tienen derecho a emitir opiniones sobre temas que conciernen a la vida de los ecuatorianos. Hay más casos, pero para qué mencionarlos.

En el siglo XXI se aplica aquello que en 1655 se afirma sostuvo en el Parlamento el Rey Luis XIV: “El Estado soy yo”. La diferencia entre ayer y hoy es que Luis XIV lo dijo cuando tenía 16 años de edad, y Correa lo aplica a sus 50 y piquito.¿Acaso miembros de la Iglesia, tanto “curas” como feligreses, no puede opinar sobre temas que afectan la vida y la paz? El Presidente justiciero califica lo que se puede hacer, decir, pensar y profesar.

Él sabe quien actúa de buena y mala fe. Él juzga cuando la actuación de un sacerdote (que merece respeto por todo lo que ha dado a Ecuador), es política. Se olvida el economista Correa que cuando vino el papa Francisco a estos pagos (acepción 2 del Diccionario de la Lengua Española), las declaraciones del Pontífice, según criterio del gobernante ecuatoriano, eran de apoyo al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Es decir, cuando los clérigos dicen algo que en opinión del Mandatario favorece a su gobierno, que hablen, son sabios. Cuando expresan algo que supone puede ser considerado como una intromisión u ofensa, es actividad política.

El “cura”, como fue tratado un arzobispo, ha dicho que está esperando que el Vaticano lo reemplace, ya que según lo ordenado en el Derecho Canónigo, venció el plazo de su misión pastoral y debe retirarse. Él sí observa las normas a las que en su momento se sometió. El que sabemos, por el contrario, hace lo imposible por prorrogar su mandato. ¿Quién da ejemplo? ¿Quién actúa con base en principios y normas preestablecidas? ¿Quién habla con sabiduría?

Los ministros de cualquier culto religioso tienen derechos, como cualquier ciudadano. Pueden ver, analizar, opinar, concordar, discrepar con las decisiones de las autoridades civiles. Pero por el hecho de expresar un criterio adverso al gobernante, no pueden ser ofendidos. Llama la atención que el presidente vaya con el “chisme” al Pontífice, al que acude cuando políticamente le conviene.

Acotación final: A mí me enseñaron que quien ofende debe presentar su disculpa, ¿acaso lo ha hecho quién ofendió?

portiz@elcomercio.org