César Montúfar

¡Prohibido
 olvidar!

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El correísmo está llegando a su final. Por eso, ahora que hacen todo lo posible para salir corriendo anticipadamente, corresponde recordarles que deberán gobernar hasta el último día y rendir cuentas de todas sus acciones.

Prohibido olvidar; la frase que el actual régimen convirtió en un mantra de gobierno para arrasar con el pasado. Conviene hoy tenerla presente para evaluar con objetividad los grandes logros de la revolución. De ninguna forma como un ejercicio de venganza, sino de justicia.


Empecemos, por tanto, a hacer memoria de lo sucedido. Nos dijeron que cambiarían la política; que harían de la ética pública la base del gobierno; que se despolitizaría la justicia, la organización de las elecciones, el control y la fiscalización. Nos prometieron que el Estado se abriría a la participación ciudadana, que se profundizaría la descentralización, que seríamos soberanos.

Pero en esta década de correísmo no hemos tenido un solo juicio político; mucho menos un ejercicio real de auditoría y control del gasto público. A ello se suma la ausencia total de un sistema de justicia que investigue de forma independiente y que juzgue las denuncias de corrupción, al tiempo de que el régimen criminalizó a la veeduría social y al periodismo de investigación que sacó a la luz monumentales indicios de malversación de fondos y abuso de poder.

El correísmo ha gobernado la década de mayor bonanza nacional sin una Legislatura que lo fiscalice, sin una Contraloría que lo audite, sin una Fiscalía que lo investigue, sin jueces independientes que lo juzguen, sin veeduría social, ni una prensa que tenga plenas condiciones de libertad para informar.

En ese contexto, bien cabe la pregunta de qué se hizo en estos años; cómo se gastaron los más de USD 250 mil millones que el Estado administró en la última década.


Cabe sacar a luz, bañarnos de verdad, investigar desde el Congreso de los manteles hasta la refinería de El Aromo, pasando por las alteraciones de última hora al texto constitucional y los innumerables fraudes legislativos; el uso del poder estatal para perseguir, insultar y amenazar a ciudadanos; el chantaje y maltrato a los servidores públicos y, por supuesto, los ‘Chucky Seven’, Duzac, Cofiec, el oro del Banco Central, los helicópteros Dhruv, el vaciamiento de la reserva monetaria, la refinería de Esmeraldas, el IESS y crisis de la seguridad social, los cientos de obras construidas en régimen de emergencia, las carreteras, las sabatinas, las ventas anticipadas de petróleo, los contratos reservados con China y empresas de otros países, el Sucre, los elefantes blancos, Yachay y una lista interminable de casos que faltarían nombrar, ahora que la justicia brasileña muestra al mundo cómo a nombre de los pobres, los ideales de izquierda y la justicia social, es posible armar mafias público-privadas.

Y habrá cosas buenas que reconocer y apoyar para que continúen. Pero habrá, sobre todo, que recuperar la memoria como un ejercicio de justicia, jamás de venganza; como una tarea de dignidad y reconciliación, para aprender de los errores y no repetirlos; para construir el futuro sin negar el pasado.