Sebastián Hurtado

¡Prohibido invertir!

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7 de June de 2011 00:02

Una reciente publicación de la Cámara de Industrias muestra que la inversión privada en Ecuador -local y extranjera- ha sido modesta durante la última década y ha declinado durante la 'revolución ciudadana'. Conviene señalar las principales razones detrás de esta negativa realidad.

Una primera tiene que ver con el hecho de que Ecuador es un país de extrema incertidumbre. Los ecuatorianos despiertan cada día sin saber si las carreteras estarán despejadas y podrán llegar a sus trabajos, si dispondrán de fluido eléctrico, si las fuerzas policiales les protegerán, si se mantendrá el mismo gobierno del día anterior, etc. Un grado tan alto de incertidumbre puede desanimar hasta al inversionista más arriesgado.

Luego, una vez que un inversionista decide ‘valientemente’ enfrentar la incertidumbre, descubre que hacer negocios lícitos en Ecuador es tarea complejísima. Las regulaciones y trabas burocráticas que los negocios formales enfrentan, están entre las más complejas y costosas del mundo, tal como lo muestran estudios comparados realizados por entes internacionales.

Finalmente, Ecuador ha ‘excluido’ a industrias enteras de la posibilidad de convertirse en destinos atractivos de inversión. Los enormes condicionamientos jurídicos y políticos a los que están sujetas las industrias ‘estratégicas’ -usualmente las que mayores recursos de inversión atraen- devalúan su atractivo frente a potenciales inversionistas locales o internacionales. Pocos querrán, por ejemplo, invertir en la industria bancaria local, cuando saben que será un burócrata del gobierno quien definirá las tasas, los precios y otras condiciones de los préstamos y servicios que la banca ofrece al público. La misma situación se repite en las industrias de energía, telecomunicaciones, farmacéutica, productos de consumo masivo, infraestructura y en el cada día más grande ‘etcétera’.

Estas ‘realidades’ se han vuel-to aún más dramáticas duran-te el gobierno del socialismo del siglo XXI.

Cuando se creía que la ‘revolución ciudadana’, al menos, había consolidado una relativa estabilidad política, el 30-S y los resultados de la reciente consulta popular expusieron la frágil institucionalidad creada y su absoluta dependencia en un único líder.

Por otro lado, la introducción de nuevas y draconianas regulaciones ha vuelto aún más complejo, costoso -y hasta riesgoso- el desarrollo y la operación de negocios formales. Al mismo tiempo, las nuevas definiciones sobre “áreas estratégicas” y “bienes públicos” han ampliado al infinito la posibilidad de que casi cualquier negocio pueda ser intervenido, manipulado e incluso destruido por el gobierno, bajo el argumento de que la Constitución o incluso los votantes así lo demandan.

Mientras estas realidades no cambien, Ecuador no podrá esperar los niveles de inversión privada que disfrutan otras naciones.