Miguel A. Vasco

Proceso de paz en Colombia

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Hace dos años se inauguró en Noruega, y luego se instaló en La Habana, el proceso de paz que llevan adelante el actual Gobierno de Colombia y las FARC, con el propósito de superar el conflicto bélico provocado por los alzados en armas hace cinco décadas, que le ha costado al país ingentes daños materiales y, lo que es peor, más de 220 000 muertes y algo más de 6 millones de desplazados. Como se sabe, varios gobiernos trataron de encontrar una salida negociada y pacífica al problema, como fue el caso del presidente Belisario Betancourt, que dictó un decreto de amnistía en 1984, o el presidente Andrés Pastrana, quien abrió un diálogo político y adoptó el Plan Colombia, en asociación con EE.UU. En ese contexto surgió la figura de Álvaro Uribe con un discurso belicista que le condujo al poder y a la reelección. El presidente Juan Manuel Santos, por el contrario, ha optado por la vía del diálogo y es el impulsor del actual proceso de paz, que podría alcanzar eventualmente un rango histórico. Su éxito es deseable por Colombia y la región.

Las conversaciones directas de La Habana se orientan a lograr un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el marco de una agenda amplia y compleja, que consta de los siguientes puntos: 1) Política de desarrollo agrario integral; 2) Participación política; 3) Fin del conflicto; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) Víctimas; y, 6) Implementación, verificación y refrendación. Cada uno de los puntos de la agenda se desarrolla mediante varios temas específicos que matizan los diversos ángulos de la problemática.

La política de desarrollo agrario integral es esencial para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. Es que la tenencia y distribución de la tierra es uno de los aspectos más preocupantes de la realidad nacional. Por lo que atañe a la participación política, conviene señalar que la Corte Constitucional, por resolución de 6 de agosto último, dio vía libre para que combatientes se desmovilicen y puedan ocupar cargos públicos, salvo los condenados por delitos de genocidio y de lesa humanidad. Se trata de un tema relativo a los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, dentro de un marco democrático. El punto referente al fin del conflicto tiene que ver principalmente con el cese al fuego definitivo y la entrega de las armas, así como la reincorporación de las FARC a la vida civil. La solución al problema de las drogas ilícitas es de una complejidad inocultable. Y la reparación a las numerosas víctimas del conflicto está, como es obvio, en el centro del Acuerdo General.

El presidente Santos, fiel a su línea de acción, acaba de realizar una visita a varios países de la Unión Europa, en procura de respaldo político y la creación de un fondo que permita financiar los proyectos derivados de la eventual culminación exitosa del proceso de paz.