El Ministro de Finanzas presentará en estos días el presupuesto ajustado del 2017, el cual marcará la política fiscal de un Gobierno que ha prometido austeridad en el gasto público, un trabajo conjunto con el sector privado y más empleo, aunque también programas sociales que demandarán más recursos.
Si los gastos son mayores a los ingresos, como ha ocurrido en los últimos años, se volverá a tener un déficit fiscal, cuyo tamaño evidenciará el compromiso del Gobierno para poner la casa en orden. El año pasado fue un ejemplo de lo contrario. El déficit bordeó los USD 7 000 millones y la salida fue contratar deuda cara y de corto plazo, lo cual no solo volvía insostenible el manejo fiscal sino que terminaba contaminando al sector privado.
La razón: los déficits fiscales se cubren con deuda o con impuestos. Y el mensaje de un alto déficit es que el Gobierno necesitará en el futuro subir los impuestos o contratar más deuda para pagar las obligaciones que siguen creciendo. Ese escenario de incertidumbre fiscal ralentiza los planes de inversión y eleva el riesgo-país, encareciendo el financiamiento para el Gobierno y las empresas privadas.
Ecuador es la segunda economía de la región con el riesgo país más alto, luego de Venezuela. En este escenario, el presupuesto ajustado del 2017 será una señal del Gobierno para generar confianza, pero no será la más importante y tampoco será suficiente. Un presupuesto es creíble si guarda coherencia con un programa económico, el cual supone un modelo de desarrollo que necesita de acuerdos mínimos en la sociedad.
Y ese programa será exitoso si los actores económicos tienen certezas sobre la política de comercio exterior, la estrategia de fomento industrial, el manejo de las tasas de interés, las reglas tributarias y laborales, el papel del Estado, el financiamiento público, etc. El diálogo público-privado que ya inició es un punto de partida. Habrá que ver si el presupuesto 2017 permitirá seguir dialogando.