¿Hasta cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo van a continuar los roces entre el Gobierno y los militares? No bastó con la polémica desatada por las reformas al Issfa. Ahora, el Gobierno recurrió a la justicia y hoy se analiza la demanda que el presidente Rafael Correa interpuso en contra de cinco militares que fallaron a favor del capitán de corbeta Edwin Ortega.
Todo se originó, porque este último oficial aparentemente faltó el respeto al Jefe de Estado al responderle en un e-mail.
Ahora, el Primer Mandatario quiere que la resolución favorable al capitán se nulite y que los jueces ratifiquen que él es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas.
¿Qué busca? La defensa que lleva este caso tiene una lectura: que los futuros consejos de disciplina ratifiquen que los uniformados que respondieron sí le faltaron al respeto y que se los sancione. Eso no ocurrió en los primeros tres casos, pues se determinó que el Mandatario no es un “superior militar”, sino civil. Y, por lo tanto, no hubo falta.
La semana pasada Correa dijo que los uniformados no lo reconocen como su máxima autoridad. Dos días después adelantó que no permitirá que eso quede impune.
La Constitución (art. 147, numeral 16) señala que una de las atribuciones del Presidente es ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Y en el artículo 159 se indica que los soldados no son deliberantes, sino obedientes. La norma es clara y pareciera que solo falta ponerla en práctica.
Para eso quizá sea necesariocomenzar con eliminar los discursos políticos en los cuarteles. No hablar ante las tropas de la revolución ciudadana o de la aceptación de Correa, como sucedió en el año 2012. También hay un ejemplo reciente, como el de febrero, cuando el Presidente llegó a la Escuela Militar y habló de la equidad entre oficiales y tropa.
Con eso se corre el riesgo de que algunos uniformados respondan, como ya ocurrió. Por eso urge que cada uno cumpla su rol constitucional. Es por el bienestar del país.