Benjamín Rosales

¡Pobre Argentina!

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Luego de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, el 18 de enero pasado, la imagen de Cristina Fernández ha caído drásticamente.

Ella, con mensajes contradictorios en las redes sociales, primero aseguró que se trataba de un suicidio; luego de uno inducido y finalmente lo calificó como asesinato, cuyos responsables tendrían elaborado un complot contra su Gobierno.

Con la circunstancia de que el fallecido iba a presentar una denuncia al Congreso de la Nación contra la Presidenta y el canciller Timerman, por encubrir la participación de iraníes en el ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, resultan más impertinentes sus declaraciones cuando la causa de la muerte no estaba aún determinada por la fiscal del caso.

El asunto es sumamente complejo, pues se origina en ese sanguinario suceso que ha sido el más grave acto terrorista ocurrido en América Latina. El ataque dirigido contra la comunidad judío-argentina causó la muerte de 85 personas y quedaron más de 300 heridos. Las investigaciones, a cargo del juez Galeano los primeros siete años, estuvieron llenas de contradicciones.

La causa involucró a policías bonaerenses, indagó una “pista siria” que culparía a la agrupación islamista Hezbolá del brutal ataque, acogió información de agentes de diferentes países, pero tanto él como el presidente Menem y otros funcionarios fueron acusados de encubrir una supuesta participación del Gobierno iraní. Luego de anulado el proceso, se reabrió la investigación en el 2004 dirigida por el fiscal Nisman, quien obtuvo evidencias para inculpar a funcionarios iraníes del atentado y pedir su arresto a la Interpol. Sin embargo, su trabajo no tuvo apoyo del gobierno de Cristina Fernández que estaba interesado en hacer acuerdos comerciales con Irán y para hacerlo habría encubierto a los responsables del atentado, según la denuncia que anunciara Nisman cinco días antes de su muerte. Una verdadera tramoya política con participación de agentes nacionales e internacionales ha impedido que se haga justicia del atroz crimen. Nadie está preso 20 años después del suceso.

Familiares de los fallecidos en la masacre formaron hace más de una década la agrupación Memoria Activa, que se manifiesta periódicamente en la Plaza Lavalle, para exigir la verdad y justicia. Sin embargo, en la misma comunidad judía de Buenos Aires hay diferentes interpretaciones del evento, tanto así que el canciller argentino Héctor Timerman, acusado de encubrir a los iraníes, como el fallecido Nisman, son de esa colectividad.

Hay muchas interrogantes sobre lo que sucederá . ¿Se aclararan las incógnitas sobre la muerte del fiscal? ¿Continuará la acusación de encubrimiento gubernamental a los que perpetraron el crimen? ¿Serán apresados algún día los acusados de la destructiva detonación en pleno centro de Buenos Aires? Pronto sabremos si la sospechosa muerte de Nisman tendrá repercusiones políticas, pero pocos confían en la efectividad policial y judicial y el esclarecimiento de loshechos.

brosales@elcomercio.org