Diego Araujo Sánchez

La plata de la corrupción

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El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que, entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó en el Ecuador USD 33,5 millones a funcionarios públicos para obtener beneficios en jugosos contratos, que empezaron con una cifra y terminaron con los costos agigantados. Los sobornos de la empresa brasileña son solo la punta del iceberg de la corrupción en la década correísta.

Después de los Panama Papers, la Contraloría estableció presunciones de peculado por USD 113 millones en una red de corrupción en Petroecuador. La Fiscalía tiene en sus manos 34 casos relacionados con esa red. Nunca antes el Estado recibió tanto dinero como durante el período de altos precios del petróleo. Los chanchullos en la comercialización del crudo alcanzan cifras astronómicas. La fiscalización se halla aún en veremos en ese y otros ámbitos. ¿Qué pasó con los precios de las carreteras? ¿Y con las hidroeléctricas? ¿Y las telecomunicaciones? ¿Y los contratos en otras áreas estratégicas? Los decretos de emergencia, la carencia de control independiente por la concentración del poder en el presidente de la República y el dominio político del partido gobernante facilitaron los hechos de corrupción que hoy empiezan a salir a la luz.

La sensación ciudadana es de confusión y aturdimiento ante tanta pillería. ¿Será posible que se conozca la verdad y que los jueces y tribunales actúen sin temor ni favor, cuando no cuenta el país con un sistema de justicia confiable e independiente? Supongamos que el Ecuador contara con ese sistema y que fueran procesados todos quienes pagaron o exigieron los sobornos y quienes se beneficiaron con suculentas tajadas de los negocios del Estado; que hasta los peces gordos fueran juzgados y recibieran el castigo previsto por las leyes. ¿Sería aquello suficiente? Me parece que no. La ciudadanía espera algo más: que se recupere el dinero de los fraudes contra el Estado por los sobreprecios en los contratos; que la plata de las coimas no quede en manos de quienes las pidieron y que regrese a la sociedad, a financiar salud, educación y servicios en beneficio de la comunidad.

La pregunta que hace años planteaba un distinguido abogado guayaquileño adquiere hoy la mayor importancia: dónde está la plata. Perseguir la ruta del dinero mal habido es una obligación de las autoridades. Una tarea difícil, pero no imposible. Otros países tienen experiencia en la recuperación de activos. La cirugía contra la corrupción debe contemplar una estrategia para saber dónde se halla la plata.

¿No sería otra forma de impunidad el que, tras recibir una pena de prisión y ni siquiera cumplirla en muchos casos dentro de una cárcel sino en cómodos domicilios, los responsables de la corrupción salieran en libertad a gozar de los millones con los que se enriquecieron?