La inesperada salida del gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, despierta muchas dudas sobre el rumbo que el Gobierno quiere tomar en el campo petrolero. Sobre todo en la renegociación de los usureros créditos que el anterior régimen contrajo con Petrochina y Unipec y con Petrotailandia.
Precisamente, el día cuando Ojeda renunció iba a anunciar los resultados de la renegociación que Petroecuador realiza con Petrotailandia, que en 2015 suscribió un contrato de venta anticipada de petróleo por USD 2 500 millones.
La semana previa, las autoridades de Petroecuador se reunieron con representantes tailandeses y lograron que se mejoren las condiciones contractuales con una reducción del interés y el pago del crédito en efectivo, no en petróleo. Los próximos días se conocerá si el Gobierno concreta o no un nuevo acuerdo con Tailandia, lo cual inexplicablemente no se ha comunicado.
En total, el anterior gobierno firmó 10 acuerdos de venta anticipada con dos empresas chinas y una tailandesa, por los cuales facturó USD 40 510 millones. La plata se entregó directamente a Finanzas, nunca ingresó a Petroecuador, que está pagando ese compromiso con crudo. Las preventas son deuda que aún debe cubrirse con 500 millones de barriles, hasta el año 2024. Eso significa alrededor de USD 14 300 millones.
Los contratos firmados bajo esta modalidad no se sustentaron en estudios técnicos ni se ha documentado que los precios acordados por barril de petróleo fueron beneficiosos al país. En pocas palabras, nos impusieron las condiciones contractuales, con intereses altos y plazos cortos, para que el fisco pudiera tener más liquidez para su gasto desmesurado.
El silencio sobre los resultados de la renegociación con Tailandia, tras la salida de Ojeda, no es saludable. Sobre todo porque aún resta buscar nuevas condiciones con China, nuestro principal acreedor. Hasta el momento, más allá de la retórica, el Régimen no ha logrado ningún avance en este sentido.