El mundo recibió la buena noticia de que el Gobierno de Colombia terminó las negociaciones iniciadas hace cuatro años con las FARC. Buena noticia para todos porque puede terminar con la escalada de violencia que azota a Colombia por más de cincuenta años.
Violencia que empezó por la delincuencia, siguió a la política y derivó en la guerrilla que, a su vez, iniciada como un rechazo a la exclusión en la participación política, degeneró en su imbricación con el delito y el narcotráfico.
Violencia que le ha costado cientos de miles de víctimas y millones de desplazados.
A la violencia delincuencial sucedió el enfrentamiento feroz entre liberales y conservadores que a tiro limpio discutían sus diferencias e imponían sus proclamas. La dictadura del general Rojas Pinilla, que amenazaba con eternizarse con la candidatura de su hija, unió a liberales y conservadores, enemigos más que adversarios, que se alternaron en el poder durante muchos años, concertadamente, evitando al dictador, pero excluyendo a todos los que no estaban en sus filas.
Esta virtual eliminación de la participación política originó que miles de colombianos tomaran las armas en torno a los movimientos irregulares, con lo que las FARC, el ELN y el M19 pasaron a constituir un elemento de poder enorme, al margen de la ley. Muchas negociaciones de paz se emprendieron por varios gobiernos.
Hubo éxitos parciales, como la incorporación del M19 a la vida política y social de Colombia, y grandes fracasos, como el del virtual aniquilamiento de la dirigencia izquierdista de Colombia que incorporada a la actividad regular, fue asesinada por las autodefensas paramilitares y el ejército. El presidente Ernesto Samper, que estuvo junto a uno de esos líderes cuando fue ametrallado en el aeropuerto, aloja 16 proyectiles en su cuerpo, lo que le hace decir, con su inteligente sentido del humor, que es el político más aplomado de Colombia.
La buena noticia del término de las negociaciones requiere comprensión y apoyo general. Busca terminar los secuestros infames y monstruosidades como las de los “falsos positivos”. El gobierno del presidente Santos, ministro guerrero del gobierno guerrero del presidente Uribe, emprendió el proceso que con perseverancia y paciencia ha culminado con acuerdos después de cuatro años.
Su implementación será muy laboriosa. No puede haber impunidad para los crímenes del un lado y del otro, pero requiere flexibilidad elemental para la incorporación de los guerrilleros a la vida civil, para que encuentren trabajo y se regularicen, no hacerlo puede liquidar la implementación de la paz.
La negociación, inevitable si se quiere paz duradera, implica cesiones mutuas. A tiros no se solucionan los problemas. La contribución a esa paz, que debe ser para todos, no admite el borra y va de nuevo. Ningún extremo es bueno, nunca.