Por primera vez en seis años el mecanismo ideado por la ‘Revolución ciudadana’ para tomarse el poder y legitimar sus acciones puede operar en su contra. Durante estos seis años, el Gobierno ha dicho que los plebiscitos y las consultas son el único método verdaderamente democrático que hace posible una comunicación directa con ‘El soberano’, como les gusta decir a sus militantes para referirse a la ciudadanía.
Típicamente, las consultas populares se convierten en plebiscitos a favor o en contra del Gobierno de turno, sin importar la naturaleza de las preguntas planteadas. Esto lo entiende muy bien el Ejecutivo y, por eso, cada vez que sus tesis ganaron en las urnas presentó aquellos resultados como un voto de respaldo al Régimen en general y no únicamente como un acuerdo de los votantes en torno a un tema específico.
Por esta razón, el Gobierno estará sopesando las ventajas y desventajas de aprobar la consulta planteada por un grupo ecuatorianos que no desea que se explote el crudo del Yasuní.
Supongo que el incentivo inicial del Ejecutivo será bloquear aquella iniciativa y cortar de raíz cualquier posibilidad de sufrir un golpe político inesperado .
El Gobierno tiene los recursos para hacer aquello porque controla todas las instancias del Estado pero, en esta ocasión, impedir esa consulta no va a ser tan fácil .
No solo porque este mecanismo es, según el propio Régimen, el eje conductor de cualquier democracia que se respete, sino porque los miembros más conspicuos de la ‘Revolución ciudadana’, con el presidente Correa a la cabeza, se encargaron de posicionar el tema del Yasuní como un tópico altamente sensible en su agenda de Gobierno.
Tuvieron razón en hacer aquello porque la defensa del Yasuní es algo que interesa a un grupo muy amplio y diverso de ecuatorianos. Tanto que pudiera ser el único tema capaz de aglutinar a un movimiento de oposición que, hasta ahora, se ha mostrado disperso y con pocos intereses en común. De ese vasto grupo de ecuatorianos, los jóvenes son los más representativos y también los que tienen un mayor potencial de movilización y protesta.
Si llegara a haber una consulta sobre el Yasuní, me atrevería a pronosticar que ganaría con un cómodo margen la opción de dejar el crudo bajo tierra. Si ese margen fuera muy amplio, el costo político para el Régimen podría ser importante.
La recolección de firmas no sería un obstáculo grave, sobre todo porque los chicos en edad de votar estarían más que dispuestos a apoyar una consulta sobre el Yasuní.
Si aprueba la pregunta, la Corte Constitucional ayudará a desencadenar una iniciativa cívica de consecuencias políticas interesantes para un país que necesita contrapesos de urgencia.