30 de March de 2010 00:00

Participación ciudadana

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Federico Chiriboga V.

La democracia es una forma de organización estatal que se caracteriza por la mayor o menor participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas. Cuando las adopta el pueblo se llama directa. Si lo hace a través de representantes, es indirecta: se ejerce el poder a nombre y con el consentimiento de los gobernados.

El pueblo como titular de la soberanía la delega a unos mandatarios legitimados por el voto ciudadano. Se dice que una de las causas que ha generado falta de confianza en el sistema democrático es que con el voto solamente se cambia a los funcionarios, pero que no se solucionan los conflictos sociales y que los representantes sirven más a intereses partidarios, económicos o personales que a los de la sociedad en su conjunto. Se opina que la democracia participativa es la vía más adecuada para construir nuevos contratos sociales que superen las deficiencias del poder estatal como simple regulador, por lo que conviene empoderar a los agentes sociales. Para ello se requiere un sistema y mecanismos que permitan a los ciudadanos organizarse y asociarse a fin de que, con una cierta representatividad, puedan intervenir en las decisiones públicas.

El riesgo, como ya está ocurriendo en el Ecuador, es que se conforme un mosaico de grupos, en el que cada cual pugna por lo suyo, en forma inorgánica y caótica, a punto de que el remedio causa más daño que la enfermedad. La normatividad constitucional ha creado derechos confusos, que promueven el choque entre los defensores de una democracia utópica y la administración del Estado.

Nuestra Constitución dispone que la soberanía se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la misma.Y se manda que la participación ciudadana operará por intermedio de la directa, representativa y comunitaria.

Siguiendo el modelo de la Constitución venezolana y el consejo de los asesores extranjeros que intervinieron en la redacción de esa como de la nuestra, en la ecuatoriana se copió la figura del Consejo Moral Ciudadano, dándose nuevas y mayores competencias al Consejo de Participación Ciudadana. El tema de fondo es ¿a quién representa? Sus vocales no son elegidos y, por tanto, carecen de legitimidad: no es una forma directa de participación popular y tampoco son expresión comunitaria.

La trampa constitucional consiste en que unos ciudadanos que se representan a sí mismos son nombrados para hacer designaciones de altos funcionarios, que en otras Constituciones se reserva al Congreso, y la consecuencia es que los concursantes suelen ser afines al gobierno y así terminan posesionándose varios amigos del superministro que ahora desempeña la cartera de Relaciones Exteriores. ¿Podemos sentirnos representados?

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