Carlos Rojas

El gran comunicador, sin regulación

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La explicación del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, la semana pasada, sobre los límites que tiene su tarea de control, demuestran con mucha claridad el espíritu poco democrático de la Ley de Medios y su arquitectura jurídica pensada, básicamente, para la censura.

Qué otra conclusión se puede sacar cuando la Secom, principal entidad del Estado generadora y difusora de noticias, opinión y piezas propagandísticas, no está sujeta a la vigilancia del Superintendente.

Ochoa fue muy claro el jueves 10 de septiembre, al decir que “para la Superintendencia, la Secom no es un medio de comunicación. Yo hago lo que la ley me permite, que es controlar los medios de comunicación”.

Su afirmación surgió cuando, en la rueda de prensa, los periodistas le pidieron que explicara mejor por qué La Hora y Expreso debían publicar la réplica de la Supercom a un remitido de la Aedep, mientras que ese pedido le fue negado al ex-Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por unas declaraciones que el presidente Correa hizo en una sabatina y que fueron recogidas por Ecuador TV.

Más allá de los argumentos a los que Ochoa recurrió, el gran mensaje de fondo es que el Estado, en materia de información y comunicación, no tiene contrapesos ni un espacio institucional desde donde exigirle cuentas.

Cómo se puede hablar de Estado de derecho -palabra favorita de quienes, a nombre de ella, diseñaron una Constitución repleta de cabos sueltos-, si solo unos actores de la comunicación son susceptibles de todo tipo de sanciones, regulaciones y controles, mientras que el otro, pese a su gran poder, pasa de agache.

En casi nueve años, el correísmo ha recurrido a incautaciones, cadenas, sabatinas, réplicas y contrarréplicas, leyes, juicios penales, escarnio público, estados de excepción, cuñas publicitarias, medios oficialistas... para imponer su discurso. Y la única autoridad que podría, al menos, vigilar semejante poder dice sin ningún reparo que nada se puede hacer. Ochoa resulta ser el vigilante de una ley sesgada desde cuando fue concebida.