Farith Simon

¿Ministerio de la verdad?

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Hace unos días el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, por medio de un comunicado público, declaró a una propaganda gubernamental, emitida en cadena nacional, un ‘producto audiovisual [que] promueve el debate público sobre temas de interés general como los derechos humanos, entre ellos el de libertad de expresión o la participación ciudadana’, y no lo consideró estigmatizante porque afirmó que “…pone en discusión hechos, concepciones, valores e ideas que genera memoria social sobre hechos históricos que ha vivido el país, los cuales son innegables”.

Dado que no tengo formación o entrenamiento especializado en esta materia, como sucede con la mayoría de las personas que ven ese ‘producto’ comunicacional, entiendo que el video muestra, en el presente, a banqueros y dueños de medios de comunicación quejándose y presionando a la “verdadera libertad”, porque no pueden, como lo hacían antes, ‘de un plumazo’, parar colegios, hospitales, carreteras, gobiernos o usar la violencia sin ser reprimidos. La Cordicom así avaló que se caracterice a los propietarios de los medios de comunicación e instituciones bancarias como mezquinos y violentos; y que se considere a expresiones de protesta social del pasado, por ejemplo la de los ‘forajidos’, como medios usados por los grupos de poder para mantener sus privilegios y prebendas.

Sin importar los personajes que se representan allí y los asuntos concretos a los que se refiere el “producto comunicacional”, el Consejo de Comunicación al calificarlos de “hechos históricos… innegables” asume ser un acreditador de verdades: verdades oficiales.

Esto no parece un acto excepcional; hace unos pocos meses la Cordicom calificó al debate -en los medios privados- sobre el proyecto de Código Monetario como débilmente fundado; y semanas atrás, declaró que las noticias acerca de los procesos judiciales (por ciertos hechos del 17 de septiembre) “podrían desorientar la opinión pública y distorsionar la comprensión integral de los hechos”.

Es cierto que el debate público se sustenta en una pretensión de objetividad, se requiere de una información compartida para explicar los hechos del pasado y encarar el futuro; pero es inadmisible en el marco de una sociedad democrática que un ente estatal se erija como poseedor o guardián de esas verdades.

Es extremadamente peligroso para la democracia que la propaganda reemplace al debate y que una pieza comunicacional –sin posibilidad de ser cuestionada- trate de imponer una lectura sobre la realidad, o si se abusa del interés público para incidir en el debate sobre temas políticos; pero es más riesgoso y una amenaza mayor para los derechos y la democracia, que exista una instancia –cualquier que esta sea- que se considere con la atribución para determinar qué opiniones están debidamente fundadas, qué interpretaciones sobre los hechos son correctas y qué verdades deben estimarse como irrefutables.

fsimon@elcomercio.com