Oswaldo Jarrín R.

El manejo de crisis

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La amenaza de gobernar a las FF.AA. con tenientes, de ser necesario, según se dijo, a más del ultraje a la jerarquización y capacidad profesional, significa también el desprecio a la institucionalidad.

El sismo, que enluta profundamente a la nación ecuatoriana, es una nueva demostración de afrontar situaciones de crisis tomando como referencia el punto cero, en un Ecuador que se dice “ya cambió”. Ahora prevalecen las decisiones improvisadas y la amistad a la que deben sujetarse funcionarios, que menosprecian leyes, organización y funcionamiento del Estado.

Es sumamente triste que mientras se vivían las angustias y la desesperación de la catástrofe y los destrozos que arrasaban a la población de la Costa, se esperaba el retorno del Primer Mandatario, en un silencio propio de una “tierra de nadie”, al punto de tener que buscar información internacional para enterarse e intentar reaccionar ante el desastre.

Luego de la reacción solidaria de la población ecuatoriana y el liderazgo ejemplar de autoridades locales y de ciudades como la de Quito haciéndose presente con el Cuerpo de Bomberos y el envío de vituallas urgentes, la decisión nacional luego de varios días, fue transmitir la organización establecida. El Vicepresidente de la República, a cargo de Manta; el Ministro del Interior, a cargo de Pedernales; el Coordinadores Ministro de Defensa y Ministro coordinador de la Seguridad y el Secretario de Riegos en apoyo técnico. Se anula la presencia de alcaldes y gobernadores, mientras se mantiene al gabinete ampliado en sesión permanente.

El mismo artículo 164 de la Constitución, que faculta la determinación de estado de excepción, establece también que no se interrumpirán las actividades de las funciones del Estado; es decir, el Vicepresidente no puede ser trasladado a funciones de dirección y coordinación, porque al igual que la defensa nacional, la seguridad y orden interno siguen siendo nacionales.

El Secretario de la Gestión de Riesgos es el encargado de dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos. Y como procedimiento de organización al más alto nivel existe el Consejo de Seguridad Publica y del Estado, (Blindar la frontera, EL COMERCIO, 20 abril, 2016), con 10 representantes institucionales, para tomar decisiones en forma más ágil y con representación nacional.

El Plan Nacional de Reducción de Riesgos, el Plan Nacional de emergencias o el de recuperación temprana, como se ha visto, no existe, ni se ha preocupado por el manejo de desastres, mientras la recuperación y reconstrucción es una manifestación voluntaria de solidaridad de las organizaciones sociales, entidades y gremios que al igual que la asistencia internacional buscan espacios de actuación espontanea sin un organismo rector.

El Gobierno desprecia la institucionalidad porque penosamente se dice que el país “ya cambió”.

Columnista invitado