Miguel Rivadeneira

Las limitaciones a los ciudadanos

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Con gran promoción se hizo aprobar al pueblo, el 30 de septiembre del 2008, la Constitución de Montecristi. Con el paso del tiempo su texto ha sido burlado o manoseado, de acuerdo con las necesidades del poder, para finalmente emprender en nuevas enmiendas, hoy vía Legislatura y antes en consulta popular –mayo del 2011- para meterle mano a la justicia, como se justificó oficialmente.

Existe un tema que fuera resaltado para su aprobación: los derechos, justicia y la gran apertura a la participación ciudadana. Se llegó a crear un organismo de participación ciudadana y control social, cuyo primer deber (art. 208 de la Constitución) es promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública, propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y la lucha contra la corrupción. También organizar los procesos y vigilar la transparencia de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales, pero resulta que todos han tenido permanentes cuestionamientos por la forma como se ha procedido y quiénes finalmente resultaron designados, identificados con el poder, con el lavatorio de manos de las autoridades. Ese es el caso último de la selección de nuevos vocales del CNE. En la lucha contra la corrupción, ¿dónde están los resultados concretos? Se trabaja en prevención pero en el combate de este mal existe un enorme déficit frente a lo que antes hacía la Comisión Anticorrupción y cuyas denuncias pasaron a este ente.

Se aprobó la posibilidad de la iniciativa ciudadana para ir a la consulta popular sobre cualquier asunto (art. 104, que hoy se quiere eliminar). Dice la norma que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, pero esto se hace según los casos. A los Yasunidos se les burló y se les envió al CNE para que pasaran el tiempo y procedieran con la recolección de firmas y pese a lograr más de lo necesitado se les dejó colgados y su caso fue presentado en instancias internacionales.

Curiosamente, en el caso de las propuestas para que no se reforme la Constitución y no se apruebe la reelección indefinida (no a los cambios) se reivindica que primero tiene que pasar por la CC y se argumenta que como ya se pronunció sobre las enmiendas, simplemente puede quedar en nada, con la burla a sus auspiciantes, sean quienes fueren, más aún cuando se menciona que más del 70 % está de acuerdo que se le consulte este tema. ¿Por qué no se escucha a los ciudadanos? ¿No decían que impulsan una democracia participativa? Debiera meditarse a futuro las malas experiencias de los regímenes que se perennizan en el poder como el caso de Siria, Venezuela, los 40 años del velasquismo y otros. ¿En qué queda el argumento de que es un gran daño que una persona sea tan indispensable que haya que cambiar la Constitución?