León Roldós

¿Será posible atenderlos?

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 31
Triste 0
Indiferente 3
Sorprendido 3
Contento 0

Hay temas cotidianos que pueden volverse críticos y generar graves secuelas políticas, en la medida que no sean debidamente considerados.

Uno es el de las facturas no pagadas, no tramitadas o no elaboradas por cientos de millones de dólares en relación a la contratación pública, sea del Gobierno central, sea de otras entidades del sector público, en menor número contabilizadas como atrasos de pago, otras ni eso, en volúmenes muy superior a los de cualquier época pasada, por problemas no superados. Presidente Correa, pida que le informen de los problemas para la facturación y pagos y, créame, podría asustarse.

Otro tema es el de las coactivas. Por décadas ha sido la vía administrativa para cobrar títulos de crédito de las entidades del sector público, antes con dos pasos, la notificación del título de crédito, concediendo días para pagarlo, luego la coactiva.

Ahora de una va la coactiva, que no se cita sino después de que –con la facilidad que genera la informática y el internet- se dictan todas las medidas cautelares imaginables y aun embargos, teóricamente con un tope de valor, pero como se montan las medidas las sumas y bienes bloqueados, sin que aún lo sepan los coactivados, llegan a varias veces lo que se quiere cobrar, con vigencia hasta que se liquide el valor de lo inicialmente coactivado más costos y costas que en deudas menores (menos/más USD 1 000, por tener mínimos a cobrar) a veces exceden al 50% de lo inicialmente coactivado: prohibición de salir del país, retención de cuentas bancarias en todas las instituciones financieras del país, prohibición de enajenar inmuebles en todos los cantones del Ecuador y de vehículos en las entidades de tránsito, hasta llegar al embargo de bienes identificables, de flujos y hasta asumir la administración de empresas –o, por lo menos, la amenaza de hacerlo-.

Más aún, se está generalizando una norma que se dictó para los grandes deudores –el grupo Noboa, por ejemplo- de presumir que otras empresas aun cuando sea la participación de algunas personas sensiblemente minoritaria, deban responder por deudas no contraídas inclusive imputando posible riesgo penal por fraude al Estado, con lo cual hay un encadenamiento que puede ser infernal, porque hay empresas afectadas con medidas cautelares y de embargo –las ya indicadas- por deudas de que no tienen información alguna, ya que aquello es contra un socio minoritario, quizás por lo que pasó en otra empresa en que también era socio minoritario y no administrador, ni representante legal. Pida información, Presidente. A alguien asígnele una auditoría de los procedimientos coactivos, antes que los encadenamientos agudicen una crisis de seguridad jurídica.

Los encadenamientos económicos se perciben como se inician. Nunca puede saberse hasta dónde llegan.

León Roldós Aguilera / lroldos@elcomercio.org