Gonzalo Ruiz

IESS: ética y compromiso

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La deuda del Estado con el Seguro Social existe, es ineludible y es un alto compromiso de ética pública y mandato constitucional.

La Constitución del Ecuador en su artículo 34 dice que “el derecho a la seguridad social es irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado”. En los artículos 367 y siguientes, la Carta Fundamental explica el desarrollo de la seguridad, su universalidad y la responsabilidad del Estado como una de las fuentes para financiarla.

La Constitución, aprobada por una mayoría de ciudadanos, luego del gran cambio político que promovió el movimiento oficial y su líder, habla del garantismo y de los aspectos inherentes a un sentido social y de equidad en su contenido y mandato.

Ahora bien. Estas premisas constitucionales son aspecto fundamental y parte del compromiso inequívoco que adquirió con el país el movimiento que promovió la candidatura de Rafael Correa en el 2006.

Al revisar el Plan de Gobierno de Alianza País en su página 27, en el acápite que hace relación a la estabilidad y protección laboral y dignificación del trabajo señala una cuestión importante: “...modernizar al IESS asegurando el pago de la deuda del Estado...’”.

Está escrito, es compromiso y la ética pública manda cumplirlo. En caso contrario, será otro enunciado demagógico.

Ahora resulta que el Estado no le dará 20 centavos más al IESS, que no hay deuda y hasta se dice que el IESS no es de los afiliados sino del Estado.

Al calor de la evidente crisis económica que desata el derrumbe de los precios internacionales del petróleo y la falta de previsiones adecuadas cuando hubo recursos que parecían inagotables para la Caja Fiscal, resulta que las autoridades políticas y aun las del propio Seguro Social intentan desconocer una deuda que se ha establecido como cierta por los acuerdos firmados por los propios ministros de este Régimen y ahora se busca desconocer argumentando que no hay reglamento. Si no existe reglamento es exclusiva responsabilidad de las máximas autoridades -de antes y de ahora- del Poder Ejecutivo.

La no existencia del reglamento no releva al Estado de su responsabilidad contenida en la Constitución. La Carta Fundamental está para cumplirse, mucho más por parte de quienes la promovieron con un gran entusiasmo maximalista y retórico.

Los expertos hablan del riesgo que existe para los futuros jubilados si la deuda del Estado no se reconoce. Con un 40% de aporte del Estado no se sabe si será posible que quienes aportan hoy, reciban en el futuro sus pensiones jubilares que, de suyo, ya tienen topes que limitan esos dineros a rentas exiguas con las cuales no alcanza para cubrir las demandas. Además, el Estado y el Seguro Social -para el que los trabajadores aportan toda su vida útil- deben cubrir con toda la calidad que merece la atención de salud. Es un mandato de ética pública y, claro, de elemental humanismo.

Gonzalo Ruiz Álvarez / gruiz@elcomercio.com