La Asamblea Nacional cierra el 2017 con un balance en rojo, tanto en materia de fiscalización como en la legislativa. Hay alrededor de 200 proyectos de ley y de reformas que reposan en el Sistema de Formación de la Ley, a la espera de ser tratados.
El trabajo legislativo se bloqueó luego de que comenzó la pugna interna en el partido de Gobierno, Alianza País. Y ninguno de los frentes que se han abierto, producto de esa fractura, (oposición, correístas, morenistas, indecisos) tiene los votos suficientes para dar paso a una normativa o lograr la conformación de una nueva mayoría.
Los representantes de cada sector se han negado a ceder espacios de poder. Lo que hace poco probable pensar que en el 2018 se puedan alcanzar acuerdos.
Los asambleístas oficialistas y de oposición han tratado de justificar el trabajo de estos primeros siete meses aduciendo que se vieron superados por la avalancha que significó la agenda de control político y de fiscalización. Esos temas dieron pie a debates amplios en las comisiones legislativas, en el Pleno de la Asamblea y en cada partido; sin embargo, en la práctica no han dejado mayores resultados.
En el actual período se presentaron, por ejemplo, cinco pedidos de juicio político. En contra del exministro de Educación y actual legislador, Augusto Espinosa; del presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh; del superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa; del vicepresidente Jorge Glas y del excontralor general, Carlos Pólit.
Solamente el de este último terminó en censura. Pero se concretó luego de que el excontralor renunciara al cargo y viajara a Miami, Estados Unidos, donde está prófugo.
Si la Asamblea no rompe el cerrojo político para cumplir con las tareas encomendadas en las urnas, los responsables podrían perder los espacios de poder que alcanzaron para dirigir el Consejo de Administración Legislativa y las mesas. La próxima reestructuración interna será en el 2019 y el tiempo pasa raudo.