Las relaciones de Estados Unidos con Cuba y la crisis de Venezuela: he allí dos temas que todos suponían que habrían de tratarse en la Cumbre de las Américas reunida en Panamá. El primero, porque el acuerdo Obama-Castro de mediados de diciembre último hizo posible la asistencia de todos los jefes de Estado a la reunión y porque, de alguna manera, implica un cambio positivo en la política de los Estados Unidos frente a la América Latina, en general. En cuanto a Venezuela, es innegable que la situación general del país se ha deteriorado en todos los ámbitos y no es posible ignorarla bajo el pretexto de no violar el principio de no intervención en los asuntos internos de un estado. La inoportuna argumentación de Obama, que adoptó sanciones contra siete venezolanos basándose en que Venezuela representa una “amenaza grave” para los Estados Unidos, dio lugar a una reacción general en defensa del principio de no intervención. El presidente Maduro presentó tal actitud como un respaldo a su gobierno y estimuló el sentimiento nacionalista de los venezolanos acusando al “imperialismo” de estar propiciando uno más de las decenas de golpes de Estado que Maduro ha denunciado.
En tal contexto, sin la menor duda, los pueblos americanos habrían visto con satisfacción que sus líderes políticos aborden el tema crucial de la democracia en cuanto implica el respeto irrestricto de los derechos humanos, pero sus dirigentes han preferido, por regla general, evitar actitudes que podrían dar lugar a acusaciones de intervención en asuntos de otros estados. O piensan, en el peor de los casos, que la censura contra alguno de ellos les pueda luego ser dirigida por idénticas o parecidas razones. Aquel cuya conducta merece ser examinada se opone siempre de manera altisonante y exige “respeto a su soberanía”.
Ya es hora de que se tenga el coraje de defender la esencia de la Carta Democrática Interamericana y de que, en seguimiento de nuevas y modernas doctrinas que dan prioridad al ser humano, en contra de cualquier “razón de Estado”, se hable con franqueza sobre los regímenes que violan tales derechos y se escudan en el principio de la no intervención para evitar que sus desafueros sean públicamente examinados y colectivamente censurados.
El tema de Venezuela impedirá que la Cumbre llegue a un consenso. Previendo esa falencia, 26 exjefes de Estado han suscrito una declaración que interpreta el sentir de los pueblos en favor de la democracia, los derechos humanos y libertades fundamentales y han insistido en la necesidad de ocuparse de los problemas que vive el pueblo venezolano.
Ojalá la próxima Cumbre de las Américas sea más consecuente, en la práctica, con los principios democráticos que han proclamado y suscrito nuestros pueblos y que tenga el coraje de decir las verdades.
José Ayala Lasso / jayala@elcomercio.org