En recientes declaraciones a los medios, la señora Presidenta de la Asamblea Nacional ha asegurado que hasta mayo será dictada la Ley de Cultura, que por mandato constitucional debió ser aprobada ya en el año 2009, sin que ningún ministro del ramo haya podido lograr el cumplimiento de tan retrasado compromiso.
Algunos creen que las demoras y dificultades se deben a desidia o incapacidad; otros piensan que demuestran la complejidad de una ley semejante; otros más creen, solamente, que se trata de una nueva prueba de la poca importancia que el Gobierno concede a la cultura. No puedo descartar las contradicciones que existen en el mismo sector de la cultura, cuyas aristas nunca se pueden limar con facilidad.
Sea cual sea la explicación de la demora, lo que importa es que las declaraciones de la señora Presidenta parecen mostrar una débil luz al final de este largo túnel que el Ecuador ha atravesado en materia cultural. No obstante, el hecho de que ya se haya puesto un plazo para la aprobación de esa ley no debe impedir que se lleve a cabo aquel proceso que en el lenguaje del Gobierno se designa como “socialización”, aunque en buen castellano se dice “difusión”. Según informaciones fragmentarias, el Ministro de Cultura ha entregado a la Asamblea un nuevo proyecto, que se suma a los varios que esperan en la respectiva comisión. Es necesario que ese proyecto sea públicamente presentado y que las autoridades recojan los comentarios, propuestas o discrepancias de los llamados actores y gestores culturales, que son los mayormente interesados en esta ley. Según se sabe, se lo ha hecho ya en París, pero aquí mismo no ha habido todavía ninguna convocatoria abierta con ese objeto.
Por su parte, la Casa de la Cultura, representada por su presidente, ha enarbolado una vez más la defensa de su autonomía y de su unidad institucional. Si ellas están amenazadas, como parece que lo están, es obvio que hay que defenderlas y yo mismo lo he hecho, aunque no pertenezco a la Casa; pero creo que es necesario ir más allá: aparte de definir la función que deben tener la Casa de la Cultura y el Instituto de Patrimonio en las actuales
condiciones de la sociedad ecuatoriana y de la cultura mundial, es preciso ir más allá de las instituciones, hacia la cultura misma.
Según parece una de las innovaciones del nuevo proyecto que, aparentemente, el Ministro ha presentado, consiste en dar una gran relevancia a las industrias culturales, lo cual me ha parecido peligroso. Sé lo que Theodor W. Adorno escribió sobre las industrias culturales, consideradas por él como la muerte de la cultura en manos de la voracidad capitalista, que reduce los objetos culturales a la condición de pura mercancía; en cambio, no sé lo que nuestro Ministerio ha
concebido bajo el nombre de industria cultural ni qué ha previsto sobre este tema.
Necesitamos saberlo. Necesitamos poner a debate un tema que el Gobierno, los medios y las “fuerzas vivas” suelen relegar, aunque la cultura es el oxígeno para nuestra vida social.
ftinajero@elcomercio.org