Sebastián Mantilla

Consulta y reforma

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Está claro. El Ecuador requiere de una urgente y bien estructurada reforma institucional que permita superar los vicios que se profundizaron en los 10 años de correísmo: autoritarismo, concentración del poder, corrupción, impunidad, falta de transparencia.

Buena parte de estos cambios podrían canalizarse a través de la Asamblea Nacional pero, como hemos podido constatar, eso no va a ocurrir por la actual correlación de fuerzas. La gran mayoría de asambleístas de Alianza País pretenden dejar las cosas como están e incluso bloquear buena parte de lo que está proponiendo el presidente Lenín Moreno como es la lucha contra la corrupción, reinstaurar la independencia de las funciones del Estado y garantizar la democracia.

La filtración de 44 correos electrónicos del presidente Rafael Correa y funcionarios de su gobierno con el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ha puesto en evidencia la clara injerencia del Ejecutivo en la justicia. Estos correos no solo hacen referencia a la designación de jueces sino incluso a fallos que se tomaron en torno del ex asambleísta Kléver Jiménez, Fernando Villavicencio, los estudiantes del colegio Central Técnico, entre otros.

En otras circunstancias, estas evidencias hubieran motivado un enjuiciamiento político Gustavo Jalkh o incluso a una renuncia voluntaria. Sin embargo, el nivel de desvergüenza y descaro ha tomado en la actualidad proporciones inconmensurables.

Lo mismo ocurre en otras funciones del Estado. El caso Odebrecht, por ejemplo, no dio inicio en Ecuador por las investigaciones realizadas por la propia Fiscalía sino por el informe del Departamento de Justicia norteamericano en diciembre de 2016. ¡Qué decir de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, superintendencias y del mal llamado Quinto Poder!

De ahí que la propuesta de convocar a una consulta popular sea una prioridad para Moreno y para el país. No puede incluirse todo. Solo lo más prioritario y esencial.

En este sentido, es vital que se incluya lo siguiente: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o limitar sustancialmente sus funciones; suprimir la reelección indefinida; cesar de sus funciones a las autoridades de las entidades de control designadas por el Consejo de Participación Ciudadana como Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, superintendencias, entre otras.

Si no se hacen estos cambios, la lucha contra la corrupción quedará en el olvido. Peor aún pensar en un Estado que garantice derechos y vele por la integridad de sus ciudadanos. Más que anular todo lo “logrado” por el correísmo se trata de desmontar ciertos aspectos de un modelo nefasto que apuntaló el autoritarismo, la impunidad y la corrupción.

Este es el momento. Si Moreno deja pasar, Correa y sus incondicionales súbditos encubiertos en la Asamblea se convertirán en sus principales justicieros.