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La división clásica del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial estableció entre esas funciones una suerte de pesos y contrapesos que permitieran que se controlaran entre sí, lo que a veces no ha bastado para una rendición de cuentas efectiva por parte de los gobernantes.

Así, con el tiempo, a fin de contar con mayor control y transparencia, se han ido incorporando nuevas entidades con rango constitucional al entramado estatal, los llamados doctrinariamente “organismos constitucionales autónomos” que, a fin de ejercer sus funciones sin cortapisas y garantizar su independencia de los gobernantes de turno y los funcionarios públicos a quienes tienen que controlar y vigilar, gozan de autonomía presupuestaria y de gestión.

Entes como la Corte Constitucional, el CNE, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Superintendencias o Defensoría del Pueblo tienen esa calidad y sus titulares y miembros son elegidos comúnmente por el Legislativo, que es el organismo de representación ciudadana por excelencia en una democracia.

Hasta 2008 en Ecuador se elegía a esos funcionarios conforme dicha práctica, pero la Constitución de ese año creó una insólita estructura que agregó dos nuevas funciones al Estado, la de Transparencia y Control Social y la Electoral, y una institución que le arrebató la facultad nominadora de los titulares y miembros de los organismos constitucionales autónomos al legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La configuración constitucional y su “régimen de transición” permitieron que el CPCCS quede integrado por gente afín al correísmo, quienes a su vez coparon con personas cercanas al oficialismo los organismos autónomos, limitando considerablemente su independencia y evitando que ejercieran sus funciones de vigilancia y control, dando como resultado un gobierno en el que aparece corrupción por donde se mire.

Cuando el presidente Lenín Moreno propuso en su convocatoria a consulta que los miembros actuales del CPCCS sean cesados se quedó corto, porque lo que debió plantear era la eliminación de un organismo que ha desnaturalizado la participación ciudadana y ha permitido la ausencia de control y transparencia. Sin embargo, parecía ser un pequeño paso hacia la recuperación de la democracia y de ahí el apoyo mayoritario a esa pregunta.

Ahora resulta que Moreno ha enviado un proyecto de ley que distorsiona el pronunciamiento ciudadano y que permite al CNE, entidad que ha demostrado falta de imparcialidad durante toda su gestión, determinar quiénes podrán ser elegidos miembros del CPCCS, violando los derechos a elegir y ser elegidos y abriendo una puerta para el control por parte del oficialismo de los organismos contralores, otra vez. Una verdadera burla a la voluntad popular.