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Reunió la Asamblea Constituyente atropellando normas e instituciones. Aprobó una constitución que le permitió concentrar los poderes y ejercer un gobierno autocrático. Impuso una catarata de nuevas leyes, reformas a las existentes y reformas a las reformas. Resultó una legislación confusa, farragosa y cambiante.

Pese a los enormes recursos de los 10 años, se registró un crecimiento mediocre. El sector público aumentó en forma desmesurada y caótica, pues pasó de representar el 22% al 43%, del PIB. Convirtió al Estado en el único promotor del crecimiento. La inflación en los 10 años superó en 30 puntos porcentuales a la de los Estados Unidos en ese mismo período, restando competitividad a las exportaciones.

El enorme gasto público causó un aumento desmesurado de las importaciones y la sustitución de fábricas por centros comerciales. Pese a los inéditos precios del petróleo, endeudó al país en montos escalofriantes, a tasas altísimas y a plazos cortos, para financiar el derrochador gasto público. El déficit fiscal llegó a un absurdo 8% del PIB. Los recursos del IESS y los depositados en el Banco Central fueron tomados para financiar el presupuesto. Los numerosísimos contratos públicos sirvieron, en parte, para impresionar a la población con construcciones faraónicas o innecesarias y permitir grandes comisiones.

Se dividió a la sociedad y hasta a las familias en bandos encontrados, conflictivos y hasta violentos. Se fomentó el resentimiento, el rechazo a los empresarios y emprendedores y hasta se metió mano en los cuarteles para crear conflictos entre la tropa y la oficialidad.

Se persiguió a todo aquel que cuestionaba al poder, llegando a extremos ridículos como enfrentar al ciudadano que le mostraba signos de rechazo. Persiguió a los medios de comunicación privados -prensa corrupta les llamó centenares de veces- y buscó su eliminación ahogándolos económicamente.

Dictó una infame Ley de Comunicación y una superintendencia para imponer multas y sanciones. A la vez creó un enorme conjunto de medios gubernamentales dedicados a ensalzar al caudillo y su obra, a ocultar los excesos y fechorías y a distorsionar la información. El Estado de propaganda exigió que la prensa, la televisión y la radio publiquen lo que el gobierno quería, en la forma en que quería. Obtuvo que jueces serviles condenen a un importante diario a pagarle 40 millones de dólares, a título de indemnización.

La corrupción se convirtió en forma de gobierno y se instalaron verdaderas mafias para enriquecerse con montos que llegarían a varios miles de millones de dólares. Llegó al cinismo de llamar “acuerdo entre privados” a casos en los que se comprobó que sus ministros recibieron millonarias comisiones.

La ciudadanía obligará a fiscales y jueces a aplicar las sanciones contempladas en el Código Penal para autores directos e indirectos.

frosales@elcomercio.org