Arturo Torres

Los costosos arbitrajes internacionales

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El reciente laudo a favor de Oxy es un campanazo sobre las consecuencias que tienen para el Ecuador los litigios en tribunales internacionales.

Pese a que el pago que debe hacer el país a la petrolera norteamericana por USD 1 061 millones es un duro golpe a las finanzas públicas, en una coyuntura económica adversa, este no es el único caso que se ventila en tribunales internacionales.

De un momento a otro debe ejecutarse el laudo de la causa Chevron II. El tribunal arbitral negó el pedido de nulidad interpuesto por Ecuador y solo resta por efectivizarse el cobro de 96 millones.

En lista de espera también están otros arbitrajes que reclaman pagos que llegan a 2 914 millones. Fueron planteados por las compañías Burlington, Perenco, Murphy, Copper Mesa, entre otros.

No obstante, el caso más complejo es Chevron III. La petrolera estadounidense busca que el Estado ecuatoriano asuma el pago de los 9 000 millones que la Corte de Sucumbíos fijó como reparación por todos los daños causados a los habitantes amazónicos y al ambiente por la explotación petrolera. El proceso se tramita en Washington y sigue las reglas establecidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Uncitral.

Para defenderse en todos estos casos, la Procuraduría ha contratado a prestigiosos bufetes internacionales de abogados. Anualmente gasta USD 22 millones en promedio.

Aunque Ecuador ha cumplido todos los laudos dictados en su contra, las reglas sobre la jurisdicción de los arbitrajes cambiaron desde el 2008. La Constitución prohíbe suscribir tratados internacionales en los que el país ceda jurisdicción a organismos extranjeros, con la salvedad de que los centros de arbitraje sean latinoamericanos. Las consecuencias aún están por verse, sobre todo en momentos en que el país requiere una mayor inversión extranjera. Lo importante es conciliar el principio de la soberanía con nuestras necesidades económicas.