Así define un dirigente empresarial a la situación que vive el Ecuador, al analizar los datos del reporte de junio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el INEC.
La reacción se debe a que, tras conocer el resultado de la inflación en junio (-0,71%), el país acumula diez meses consecutivos de deflación. Eso significa que se mantiene, desde septiembre del año pasado, un descenso permanente en los precios de los productos que integran la canasta básica.
Agentes económicos consideran que ese efecto obedece básicamente a que hace un año se liberaron las salvaguardias a diversos artículos importados y a la reducción del impuesto al valor agregado en dos puntos, lo que ocasiona una reducción de precios. A esto se añade que, por los recortes que ha puesto en marcha el Gobierno en el primer semestre para aliviar el déficit fiscal, esos recursos no ingresan a la economía y la dinámica del consumo se mantiene estancada.
La deflación puede resultar positiva para el consumidor, pero ocasiona afectaciones a los empresarios, y de allí la reacción del dirigente. Evidentemente, las empresas no pueden dejar de vender y por ello recurren a los descuentos y promociones para poder generar liquidez, aunque eso les ocasiona una reducción en sus márgenes de rentabilidad. Sin embargo, el impacto no solo llega a las empresas; en la cadena de producción, otros actores, como los proveedores, también sienten el efecto de la caída de precios.
Un dato que se suma a estos elementos que justificarían la caída de precios está en el agro. La aplicación de los planes estatales de apoyo, así como mayores inversiones y condiciones climáticas favorables, ayudaron a mejorar los volúmenes de producción.
Las expectativas para el segundo semestre apuntan a que se comiencen a sentir los efectos de la ley de fomento productivo, que se efectivicen los ofrecimientos de nuevas inversiones privadas para que eso se traduzca en nuevos empleos y, por lo tanto, se derive en más consumo, con o sin promociones.