Alberto Molina Flores

Que se haga justicia

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En el tema del juicio por supuestos Crímenes de Lesa Humanidad (CLH), es oportuno hacer algunas puntualizaciones para la reflexión:

Además de la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Correa mediante decreto ejecutivo, se nombró una Comisión de Apoyo, cuyos miembros eran dirigentes y familiares de los subversivos del AVC. Aquí cabe una pregunta: ¿Por qué no se nombró un grupo de apoyo de técnicos militares para que de esa forma haya equidad y se hagan las investigaciones en forma imparcial? A pesar de la clara imparcialidad y la falta de equidad, con el afán de que se conozca la verdad y como una prueba de la buena fe militar, se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Comisión de la Verdad, para facilitar el proceso investigativo. Con base en ese convenio, los mandos de las FF.AA. y en particular del Ejército dispusieron que se entreguen copias de todos los documentos requeridos por la Comisión de la Verdad. Esto prueba la transparencia y la voluntad de colaboración, reconocida por la Comisión.

De acuerdo con el concepto, el perito judicial es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen; sin embargo, para las investigaciones sobre CLH se nombró peritos que no se compadecen con el exigencia del caso. Los peritos nombrados entregaron un informe totalmente sesgado, incluso con juicios de valor. ¿Por qué no se nombró peritos como exige la Judicatura?

Según las acusaciones, los miembros de las FF.AA. ecuatorianas aparecen como viles asesinos, torturadores, depravados sexuales, que han cometido tantas atrocidades que merecen ser juzgados por CLH, como los criminales nazis o los militares de las dictaduras del Cono Sur.

¿Habrá de creer esas bárbaras acusaciones? Para demostrar esas falacias, basta un ejemplo: un año después del ataque del Ejército colombiano al campamento de la narcoguerrilla de las FARC en nuestro territorio, la mexicana Lucía Morett, que estuvo en el campamento durante el ataque, denunció “que fue torturada por agentes del servicio de Inteligencia del Ejército del Ecuador mientras estuvo convaleciente”.

Pero esta temeraria denuncia contrasta con lo que declaró cuando fue rescatada: “(…) las personas que me atendieron, los soldados del Ejército ecuatoriano que llegaron hasta el lugar, sí me dieron toda atención, me dieron de comer, me dieron agua, cosa que me negaron los soldados colombianos”. Debo recordar que Morett fue atendida en el Hospital Militar. Una vez restablecida, en un avión especial, le trasladaron a Nicaragua en calidad de asilada. No conozco si la Fiscalía, al menos, le hizo una indagatoria.

Frente a lo señalado, se pide que los jueces, en forma imparcial, se ajusten a la verdad y demuestren que la justicia es confiable en nuestro país.