Manuel Terán

Impudicia

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Las revelaciones de Marcelo Odebrecht, ante el Juez Federal Sergio Moro, que el otrora Presidente Brasileño Luis Inácio Lula Da Silva era en realidad el beneficiario de unos pagos por 4 millones de dólares realizados por su compañía, bajo el nombre “amigo”, son una muestra más del grado de descomposición ética a la que ha arribado la Región. Según las autoridades de ese país, dicha compañía ha causado daños por la astronómica suma de 1800 millones de dólares en 11 contratos suscritos con la también brasileña Petrobrás, entre el 2003 y 2014. Un verdadero atraco a las arcas fiscales. Aunque, de acuerdo a la novísima y disparatada teoría local, allí no habría perjuicio al Estado sino una disminución de los “márgenes de utilidad” de la constructora. Inconcebible que se diga semejante barbaridad. A esta imputación se suman los testimonios que salpican a dos expresidentes peruanos que supuestamente habrían recibido aportes de esta fuente para sus campañas presidenciales. Igual acusación recae sobre la mismísima Dilma Rousseff, separada del cargo de Presidenta de la Nación, así como también sobre su sucesor el cual habría recibido “ayudas” de la constructora para idénticos propósitos. Los nombres de funcionarios de menor monta siguen apareciendo lo que pone en evidencia que, con entidad financiera propia montada para el efecto, quizá estamos frente al escándalo de corrupción más grande que conoce la historia latinoamericana.

Y no hay que confundir. Este caso tiene visos de un verdadero “cartel” montado para sacar beneficios ilegítimos tanto los dueños de esa empresa, como los políticos y sus partidos que participaron del reparto de los recursos provenientes de estas prácticas reñidas con la ética. Un verdadero tinglado para delinquir y perjudicar a los nacionales de sus países. Eso no es libre empresa sino una estructura con tintes mafiosos, en los que aparentemente se producen acuerdos previos para descalificar a otras compañías que, sin saberlo, con su participación aportaban, en su momento, indicios de transparencia a los procesos.

La institucionalidad de la Región está a prueba. Los culpables deberán ser sancionados y los países deberán redoblar esfuerzos para impedir que en el futuro, con otros actores, continúen esta clase de prácticas que esquilman los erarios de los países, impidiéndoles atender las necesidades de los sectores más humildes que, paradójicamente, son los que otorgan los votos a favor de estos populismos perniciosos.

También es un aviso que, por poderosos e intocables que se crean los políticos, más tarde o más temprano les puede alcanzar la mano de la justicia. ¿Recuerdan cuando el ex-obrero metalúrgico, dirigiendo los destinos de la nación más grande de la Región, era declarado hombre del año por la Revista Time y una de las personas más influyentes del planeta? Ni él se ha salvado de la vindicta pública cuando las pistas de estos desafueros han tocado a su puerta. A la final, como otros tantos, se ha derrumbado su efigie moldeada en el lodo de la vanidad y la avaricia.