Uno de los temas prioritarios de la agenda de la Organización de Estados Americanos es la consolidación de la institucionalidad democrática en la región, a la luz de los instrumentos aprobados por los Estados miembros sobre la materia. En ese contexto, y como colaboración con los Estados interesados, la OEA suele enviar observadores a los procesos electorales, para dar testimonio de la transparencia y pulcritud de los mismos. Esta práctica se inició hace cincuenta años, pues comenzó en la década de los sesenta del siglo pasado, con procedimientos que se adaptaban a las circunstancias políticas de la época y que han registrado una evolución con el paso del tiempo.
La modalidad precursora consistió en que el Secretario General de la OEA, por solicitud del Estado interesado, invitaba a personalidades relevantes de varios países americanos para que observaran el desarrollo de un proceso electoral. Tal el caso, por ejemplo, de los ex presidentes Galo Plazo Lasso y Misael Pastrana Borrero, de Ecuador y Colombia, respectivamente, quienes cumplieron esa misión en la República Dominicana, por invitación del secretario general Alejandro Orfila. El ex presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, observó a su vez las elecciones en Panamá.
En 1972, cuando Galo Plaza ejercía la función de secretario general de la OEA, advirtió que esta colaboración institucional al servicio de la democracia no contaba con normas reglamentarias y solicitó al Consejo Permanente tomar cartas en el asunto. Sometido el tema a estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, esta se pronunció en el sentido de que “…cualquier solicitud por parte de un Estado miembro para el envío de observadores a determinado proceso electoral debe ser presentado directamente a consideración del Consejo Permanente de la Organización, el cual la considerará como caso ad hoc, y corresponderá exclusivamente al Gobierno del país solicitante determinar el mandato o marco de referencia para la actuación de los observadores en cuestión”, quienes actúan a título personal.
El Consejo Permanente resolvió modificar el sistema de decisiones ad hoc, en 1985, aunque en el fondo el resultado era el mismo y tampoco variaba el procedimiento, porque simplemente le devolvió al Secretario General la facultad de designar observadores, en consulta con el Gobierno peticionario, que era en definitiva quien los invitaba.
En 1989 se instauró una nueva modalidad, a raíz de la invitación de Nicaragua para que el grupo de observadores actuase en el marco del proceso de paz de América Central. Se suscribió un acuerdo relativo a privilegios e inmunidades para los observadores internacionales. En las décadas del 80 y 90 se produjo el mayor número de observaciones electorales. La elección presidencial del 17 de febrero en Ecuador contará también con su presencia.