Manuel Terán

Nuevas normativas

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15 de January de 2014 00:01

En las últimas semanas se han dictado una serie de regulaciones, en distintos ámbitos, que pretenden normar ciertas actividades.

Particularmente, dos de ellas, la primera referente a los nuevos requisitos exigidos para las importaciones y la otra sobre las disposiciones para los constructores, no dejan de llamar la atención por los efectos que de las mismas se pueden derivar. Siempre es importante contar con normas que por sobre todo miren el bien público, que allí donde existan distorsiones se intente enmendar pero evitando que el marco normativo se convierta en un obstáculo, en un cúmulo de nuevos impedimentos, o que a título de buscar ciertas enmiendas se intente en el fondo corregir los desajustes de la balanza comercial. Lo paradójico es que el actual Gobierno, al menos a través de sus postulados, intentaba que más y más personas se dediquen a actividades productivas y que las empresas pequeñas crezcan, que la iniciativa de aquellos que no trabajan con grandes capitales no encuentre tropiezo y puedan llevar adelante sus negocios. En los hechos, estos últimos son los más afectados porque sin duda no están en condiciones de competir con los grandes que poseen mayores infraestructuras o disponen de un brazo financiero fuerte.

Para cualquier cadena grande de almacenes los gastos y las demoras que se generarán para obtener las nuevas certificaciones exigidas, si bien constituirán un inconveniente lo podrán superar. Pero la pequeña empresa o el comerciante que trabaja con un capital de giro limitado, que es un distribuidor más de los grandes conglomerados comerciales, no está en capacidad de responder con celeridad a los nuevos requerimientos y su negocio, a la larga, resultará afectado.

De igual manera en el caso de la construcción. Muchos profesionales han emprendido con éxito en proyectos pequeños y medianos, aportando su conocimiento y esfuerzo en un momento que ha sido bueno para ese sector. Pero si se encuentran limitados a acceder a fuentes de financiamiento, si se restringen figuras legales que les permitían fondear sus proyectos, no podrán continuar desarrollando su actividad, con los serios problemas que aquello les conlleva. Si bien han existido estafas por parte de inescrupulosos, no se puede legislar por la excepción. Lo adecuado sería que existan advertencias al público y el requerimiento que el promotor informe debidamente sobre sus proyectos, que cuenten con los permisos aprobados, para lo cual el Municipio debe actuar con eficiencia. Pero de allí a establecer exigencias difíciles de adecuarse por parte de los pequeños constructores, media una gran distancia.

A la final, los favorecidos en ambos casos serán los grandes, los que cuentan con un importante músculo financiero que les permitirá adecuarse a las nuevas exigencias.

Es importante contar con normas que miren el bien público, pero evitando que el marco regulatorio se convierta en obstáculo.