Enrique Ayala Mora

Nueva constituyente

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Para curarse en sano, varios comentaristas que alentaban la jornada de protesta del pasado 17 de septiembre, se anticiparon a predecir que en Quito, la población iba a salir a manifestarse en cantidades mayores que antes, pero que el Gobierno convocaría más gente a su “contramarcha”, porque tiene la plata y la autoridad para obligar a su clientela a asistir y a pagar su movilización desde las provincias.

Se equivocaron del medio a la mitad. Los convocados por el FUT y las demás organizaciones sociales fueron muchos más que los que el Gobierno concentró en la Plaza Grande sin intentar siquiera hacer una manifestación, sin poder moverlos por temor a las deserciones y, desde luego, sin el entusiasmo de los que fueron a la protesta por convicción y no a la “fiesta” por obligación.

Como antes de las elecciones de febrero, los tímidos no pensaron que los ecuatorianos, y sobre todo las ecuatorianas, tienen la voluntad de protestar, de resistir, de vencer el miedo. Y por eso salieron a la movilización dejando cortos los cálculos y las advertencias, despertando el nerviosismo oficial cada vez más inocultable.

En efecto, la gente quiere manifestarse. Muchos respaldan los postulados del FUT, la dirigencia indígena, los médicos, los empleados. Otros están en contra del autoritarismo, de la sobreexplotación de los recursos naturales, de la agresión contra la naturaleza. Pero todos quieren protestar. Ese es un derecho irrenunciable.

No hace mucho, los observadores decían que el Gobierno ganaría cualquier consulta popular que se propusiera. Hoy hasta los magos de la propaganda oficial saben que la perderá. Por eso no consultan al electorado sobre la posibilidad de reelección presidencial indefinida y las otras reformas constitucionales, que la sumisa Corte Constitucional se apresta a declarar “enmiendas” nomás.

Ahora la consigna de las organizaciones populares ya no debe ser solo detener la reforma constitucional del Gobierno. Aunque tenga mayoría en la Asamblea Nacional terminará enredada en los cálculos de sus estrategas y la reacción popular contra el continuismo. El gran propósito debe ser ir a una reforma radical de la Constitución que, consolidando sus avances en los derechos y garantías, desmantele esa estructura del Estado que mantiene la fachada de cinco poderes para que solo exista uno.

Esa reforma radical de la parte orgánica de la Constitución solo puede hacerse, por mandato de ella misma, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Y esa convocatoria requiere una consulta popular previa. Esa debería ser una de las demandas de los trabajadores y los movimientos sociales. El autoritarismo, la negación de la democracia, la impunidad de la corrupción, el ataque contra la organización popular, tienen base constitucional. Hay que desmantelarla.

eayala@elcomercio.org