Antonio Rodríguez Vicéns

La nueva administración de justicia

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Haciendo caso omiso a los reclamos de litigantes y abogados, indiferente ante la opinión discordante, descalificando a los críticos que sugieren oportunas rectificaciones, resistiéndose al diálogo y el debate, con una nociva tendencia burocrática y manipulando datos y cifras para justificarse, con un evidente desconocimiento del quehacer práctico de juzgados y tribunales y de las dificultades que enfrentan en su actividad cotidiana, el Consejo de la Judicatura continúa su larga tarea de demolición y degradación de nuestra deficiente administración de justicia.

El daño causado es grave e irreversible. No importa. La propaganda -mentira oficial- proclama que la ‘reforma’ es un modelo ejemplar.


¿Es un modelo una justicia regulada por normas inconstitucionales, mal redactadas (idioma rudimentario, escolar y pedestre), ambiguas, incoherentes, contradictorias e inaplicables? ¿Es un modelo una justicia sin independencia, sometida a intereses políticos coyunturales, con jueces sumisos, obedientes y, con frecuencia, sin la preparación necesaria?

¿Es un modelo una justicia que acepta en el trabajo de los jueces la arbitraria injerencia del Consejo de la Judicatura, que se ha arrogado facultades que no le corresponden? ¿Es un modelo una justicia que acepta formatos de autos y providencias e ‘instructivos’ obligatorios que pretenden imponer a los litigantes resoluciones y procedimientos contrarios a la Constitución y las leyes?


¿Es un modelo una justicia que, bajo el pretexto de la ‘eficiencia’, ha impuesto como prioridad una política para su denegación, desechando, aunque no proceda, el mayor número posible de procesos que, según las estadísticas oficiales, han sido supuestamente resueltos?

¿Es un modelo una justicia que, en cambio, se abstiene de calificar demandas, o que, a pesar del transcurso de cuatro o cinco años, no dicta sentencias, o que, por último, demora la entrega a los litigantes de los dineros consignados? ¿Es un modelo una justicia que ni razona ni fundamenta sus decisiones? ¿Es un modelo una justicia que, por sus normas ambiguas, permite la subjetividad de los jueces y, por tanto, resoluciones contrarias sobre un mismo asunto de derecho?


¿Es un modelo una justicia burocratizada, con formalidades innecesarias y trámites excesivos que demoran aún más el avance y la conclusión de las causas? ¿Es un modelo una justicia que, con una equivocada concepción de sus objetivos y haciendo gala del irrespeto a usuarios y abogados, ha dejado de ser un servicio y se ha transformado en una imposición abusiva de trabas y dificultades?

¿Es un modelo una justicia que ha ido convirtiendo el ejercicio profesional de la abogacía en una tarea frustrante, humillante, tensa y agobiante? ¿Es un modelo una justicia en la que prevalecen las arbitrariedades y los intereses circunstanciales de su alta burocracia sobre los derechos de los ciudadanos?