15 de March de 2011 00:00

Múltiple delito

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Danilo Arbilla

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, por unanimidad, dispuso que el Estado,- el gobierno de Cristina Kirchner- no podrá seguir discriminando con la publicidad oficial a los medios que edita la Editorial Perfil, por mantener una línea periodística independiente.

El dictamen tiene un efecto limitado por cuanto ampara solo a los medios que edita la empresa reclamante- el diario Perfil y la revista Noticias, pero tiene una gran virtud y es que desenmascara inapelablemente a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los que abusando del poder del Estado han violado flagrantemente la libertad de prensa sancionado o castigando, por la vía de la publicidad oficial, a los medios y periodistas según sean sus conductas editoriales e informativas.

El uso de la publicidad oficial como instrumento de presión contra los medios de prensa es una práctica cuyos orígenes habría que ubicar muy a fines de los 70, durante las dictaduras militares, y en particular la de Uruguay, donde un estado sobredimensionado con grandes empresas públicas, lo transformaba en el mayor avisador. Fue la propia realidad, aparentemente, la que los ‘iluminó’ y los llevó a usar un recurso que frecuentemente era utilizado por el sector privado, pero eso sí con la diferencia que en este caso era con dineros y riesgos propios. Las primeras denuncias sobre “el uso de la publicidad oficial para atacar la libertad de prensa”, resultaban casi exóticas. No faltaban las acusaciones de que se estaba defendiendo “los avisos de las empresas”.

Hoy ya nadie tiene dudas. Ni aquellos que antes estaban del otro lado. No solo se trata de un ataque a la libertad de prensa, una forma indirecta de censura o muy directa para generar la autocensura de los hombres de prensa, no incruenta o que los lleve a la cárcel o al destierro como otrora, pero si en el corto y mediano plazo quizás más efectiva. La publicidad oficial puede transformarse en una forma disimulada de compra de votos. Esto es, no cuando se la niega a medios periodísticos independientes, que se manejan con profesionalidad, o a medios opositores, sino cuando se la regala a “manos llenas” y se le paga a muy buen precio a medios que posan de independientes, pero que ocurre que su “compromiso social” coincide con el del Gobierno, y que se transforman en un “aviso” permanente y global del benefactor y, por supuesto, en factores claves en las campañas electorales.

Y atención, la publicidad oficial se paga con recursos públicos, y quien utiliza los dineros de los contribuyentes en beneficio propio o de sus socios, amigos, familiares o correligionarios, comete un delito que se llama corrupción. En conclusión, quien discrimina y otorga arbitrariamente publicidad oficial, viola la libertad de expresión, ataca los elementos básicos de la democracia y es corrupto.

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