Miguel Rivadeneira

Mucho ruido y poco agua

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10 de December de 2012 00:00

Mucho ruido y pocas nueces en el tema de la provisión del agua potable. Me refiero a lo que sucede en cantones de Manabí, como lo hiciera en esta columna el lunes 12 de noviembre pasado, tras visitar esa bella provincia. Reconocí que las vías están bien pero no hay el líquido vital. Más allá del maltrato que acostumbra el poder a quienes critican de buena fe, respetuosa y fundamentadamente los hechos reclamados por los ciudadanos y las comunidades, estos no son inventos sino realidades tangibles.

Los reconocidos cantones turísticos de San Vicente y Bahía de Caráquez, entre otros, sufren por décadas de falta del agua potable y por tanto no es un problema nuevo, pero se mantiene hoy. Reitero que la principal responsabilidad tienen los concejos cantonales, como señalara en esa ocasión, pero ahora se habla del buen vivir y sin agua potable no se puede cumplir este mandato. Esta situación lo saben los pobladores, que testimonian y reclaman la solución del problema.

Lo grave es que las discusiones desde el poder se centran en los enredos y la lectura incompleta de las disposiciones constitucionales y legales, que son claras. El art. 264 señala que los gobiernos municipales tendrán como sus competencias el prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental.

Sin embargo, esto es importante y no se dice, el art. 318 de la Constitución señala claramente que “el Estado, a través de la autoridad única del agua (creada en esta administración), será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas en este orden de prelación”.

El art. 12 de la Constitución proclama que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El Código Territorial establece que todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo, justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales y uno de ellos los servicios básicos.

Más allá de estas digresiones, discursos descalificadores y propaganda oficial destructora, lo importante es solucionar los problemas de la provisión del agua potable y no buscar chivos expiatorios en lugar de exigir cuentas a los alcaldes y concejos, muchos de ellos vinculados con el movimiento oficial y que las comunidades se quejan de su ineficacia para arreglar el problema. En San Vicente los ciudadanos reclaman estos servicios básicos en lugar de que el burgomaestre se dedique a campaña y a pintar de verde el malecón, como es fácil verificar.