Con el repaso de tres casos internacionales de actualidad, resulta fácil advertir la sabiduría de nuestros funcionarios que concibieron e hicieron aprobar la Ley de Comunicación. Es una ley preventiva y sirve para evitar que pequeños problemas se conviertan, con el tiempo, en graves amenazas para la estabilidad de los gobiernos.
Hace unos tres meses fue condenado a muerte un exministro chino acusado de recibir dinero a cambio de contratos. El presidente de la nación, Xi Jinping advirtió que la ley golpeará por igual a “las moscas y los tigres” para sugerir a los ciudadanos que el Gobierno jamás encubrirá la corrupción. Todos los gobiernos buscan una buena imagen y las denuncias de corrupción ensucian esa imagen, por eso la primera tentación de los gobiernos es encubrir los casos de corrupción.
La España admirable que se había convertido en potencia económica y solicitó mano de obra en tres continentes, se debate ahora en angustiosa crisis económica, social y política. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acusado de recibir dinero ilegal cuando era ministro, negó rotundamente el infundio; pero el tesorero del partido envió desde la cárcel hasta la prensa, los libros de cuentas que mostraron las fechas y los montos que había recibido Rajoy. Ahora está contra la pared. Un sector le exige la renuncia, otros le exigen que salga a dar explicaciones y otros le amenazan con un juicio de destitución. Pobre Rajoy y pobre España, nada les hubiera pasado si tuvieran una Ley de Comunicación que condene el linchamiento mediático. Antes que Bárcenas o Rajoy, hubieran sido condenados los periodistas y los medios; el Gobierno estuviera fuerte y saludable.
En Argentina hay un periodista que cada domingo muestra en televisión algún aspecto de la corrupción gubernamental. Hasta ahora ha mostrado, con documentos, testigos y confesiones, que los altos funcionarios lavan dinero, que se han enriquecido de modo realmente obsceno, que los choferes y guardianes se hicieron potentados y que un grupillo de amigos maneja la mayoría de los contratos. El Gobierno tiene que callar y tolerar. Ni niega ni acepta ni persigue a nadie. Es un encubrimiento pasivo. Pobre Presidenta y pobre Argentina, nada de esto tuvieran que soportar si la ley castigara el linchamiento mediático. El gordo Lanata estuviera preso y el Gobierno preparándose para ganar otra década.
Nuestra ley, en su aspecto preventivo, sanciona los titulares que no tengan coherencia con el contenido de las noticias. Ahí está la sabiduría, en matar las moscas antes de que se conviertan en tigres que devoren a los gobiernos. Si los inquisidores no controlan los titulares, solo entonces se aplicará la sanción al linchamiento mediático. Con razón otros países se asustan con nuestra ley, temen que los gobiernos piensen: qué buena idea, y empiecen a matar moscas.